El alcalde de Sant Antoni, José Sala, ha recurrido ya la sentencia del Juzgado de Instrucción Nº1 de Palma que le obliga a pagar una multa de mil euros por cada mes de retraso en el derribo de la casa Cretu.
Sala, a punto de enfrentarse al segundo pago de la sanción (a principios de mes), aseguró que se siente «indefenso» ya que para efectuar el derribo debe esperar la orden de entrada del mismo juzgado. «Reclamaría que no se me haga responsable también de los retrasos imputables a otras administraciones», apuntó el primer edil, quien explicó que el Juzgado también ha provocado retrasos en los 18 meses que tenía el Consistorio para derribar la casa «porque para la primera entrada en el domicilio que fue para redactar el proyecto, el juzgado se demoró cuatro meses. Esos cuatro meses también se nos ha cargado a nosotros», apuntó.
El recurso presentado por Sala está basado en su estado de «absoluta indefensión porque en todos los casos la ley dice que esas sanciones se podrán imponer previa audiencia al interesado y, luego, claramente dice que puede ser el retraso por causas imputables al alcalde o a quien lo fuere». En este sentido, Sala indicó que la jueza «no ha hecho ningún análisis de las causas del retraso ni de quién era el culpable o de si el retraso se debía a causas objetivas inevitables y ahora a la jueza le está ocurriendo lo mismo que a nosotros», indicó Sala, acerca del hecho de que la magistrada «ahora tiene que seguir un trámite administrativo para dar el permiso de entrada y todo este procedimiento provoca retrasos». «Pero mientras tanto, pago yo», se quejó.