Los populares 'chiringuitos' de la playa de ses Salines, cuyo futuro se vio en entredicho hace un par de años cuando se anunció la intención de la Administración de derruirlos u obligarles a modificar su tamaño, podrían mantenerse donde están de forma 'transitoria' unos años más. En concreto, 60 más.
El jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Celestí Alomar, ha explicado que 13 establecimientos de playa de las Pitiüses, «situados dentro del Parc Natural de ses Salines y la mayoría de ellos en la playa del mismo nombre de Eivissa, han solicitado acogerse a la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que les permite solicitar una concesión, habitualmente, es por 60 años».
La normativa a la que hace referencia Alomar incluye en su articulado cuatro apartados, el último de los cuáles es el que abre la puerta a la permanencia de los locales al fijar que, si tras la entrada en vigor de la ley (aprobada el 28 de julio de 1988) y su deslinde «haya de practicarse uno nuevo», los terrenos entre una y otra delimitación podrán optar a lo dispuesto en el primer párrafo de la disposición.
«En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución (que describe el dominio público estatal), los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento», señala el apartado primero. «La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon», añade.
Plenas garantías
El responsable de Costas recuerda que, el hecho de que se haya solicitado el permiso, no implica su concesión automática y que dicha petición sólo es el inicio de un expediente administrativo cuyo resultado no se puede avanzar.
«Lo que está claro, y se puede tener la garantía absoluta, es de que aquellos que tienen derecho, según esta ley transitoria, se les concederá esa autorización. Y a quienes no tengan derecho también se aplicará la ley, en el sentido de que deberán irse a instalaciones adecuadas según la norma, con el canon correspondiente, con los metros cuadrados adecuados; o bien se producirá la eliminación», defendió Alomar, quién reiteró que «todo está dentro de un proceso administrativo, que siempre da garantías, y por eso se puede hablar de que se aplica la ley de la forma más correcta».
Impacto socio-económico
Además de este procedimiento administrativo abierto para regularizar la situación de algunos establecimientos de ses Salines, el responsable de Costas añadió que «se está en conversaciones con diferentes administraciones para dar soluciones globales a este tipo de asuntos».
«Sobre el Parc Natural, se está en conversaciones con los consells para buscar respuestas integrales. Se contempla la aplicación de la legislación, pero también incorporar elementos sobre el impacto socio-económico de estos negocios», afirmó Alomar, quien matizó que «estamos en las primeras conversaciones, hay una preocupación evidente, pero no se puede avanzar en qué sentido se actuará».
La Demarcación de Costas demolerá en breve una veintena de casetas varaderos levantadas dentro del Parc Natural de ses Salines. Según explicó Alomar, entre el 14 y el 21 de este mes espera que se inicien los trabajos de derribo de una quincena de estas instalaciones ubicadas en la playa de es Codolar y cuya existencia fuera de la norma había sido denunciada desde hace tiempo por diferentes entidades.
A estas 14 casetas habrá que unir otras cinco situadas en la zona de Cap des Falcó que correrán la misa suerte. «Dos de ellas están en muy mal estado, mientras que las otras tres presentan una mejor conservación pero se ha decidido optar por la recuperación posesoria de todas ya que no había titular conocido», explica Alomar, quien apunta que no hay fecha prevista para la destrucción, «pero se estaría hablando de semanas, o quizás días, después del derribo de las casetas de es Codolar».
«El objetivo es recuperar dominio público, eliminar impactos negativos y facilitar la vuelta del paso de ciudadanos para que cumplir el objetivo de que el terreno común debe ser público, libre y gratuito», defendió.