S. PARRA/E. PRESS
La portavoz del Gobierno balear, Joana Barceló, aseguró ayer que el Ejecutivo está dispuesto a «corregir» el 'Decreto Grimalt', que contempla que durante el verano puedan realizarse obras en zonas turísticas, con el fin de garantizar aún más que el ruido de los trabajos no perjudiquen a los turistas durante esta temporada. Tras la reunión del Consell de Govern balear, Barceló anunciaba que el decreto, será aprobado la próxima semana (inicialmente se había previsto para ayer) y recalcaba que durante este verano, sólo se podrán hacer «obras menores que cumplan la normativa de ruidos», con el fin de «conjugar» estos trabajos con la actividad turística.
Ya por la tarde, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa i Formentera (Fehif), Juanjo Riera, explicaba que había recibido una llamada del conseller de Medi Ambient, Miquel Angel Grimalt, en la que dejaba abierta la posibilidad a la congelación del cambio normativo. «Me ha dicho que si el decreto va a causar tanta oposición en el sector y tantos problemas a las empresas, que lo hablaremos en una reunión el miércoles en Palma y que está dispuesto a que su aplicación se realice una vez pasado el verano», explicó el empresario.
Cancelaciones
Los hoteleros de las Pitiüses habían criticado duramente la medida y la alarma generada en el sector. En opinión de Riera, la propuesta autonómica «contradice las ordenanzas municipales» y considera poco probable que los ayuntamientos puedan asumir la carga de trabajo que puede suponer el control del ruido de las obras.
Pero lo que más preocupa a los empresarios hoteleros es el efecto que puede tener en la llegada de turistas. «Al firmar un convenio con un touroperador o una agencia existe una cláusula que dice que en caso de obras molestas o ruidosas tenemos que avisarles a ellos o al cliente», explica Riera. «Si le dices a alguien que puede tener ruido, vibraciones o molestias en el sitio escogido para descansar, no va a venir», añade.
Coincide con Riera su antecesor en el cargo y responsable de la Federación de Sant Antoni, Roberto Hortensius. «Las agencias pondrán un aviso en su sistema por las obras y es probable que acaben desviando gente a otros hoteles o zonas», afirma.
«La cláusula que obliga a avisar del ruido suele incluir que, en caso de que no se alerte, se tendrá que indemnizar a cliente u operador con una cantidad equivalente a un porcentaje del precio pagado», señala Hortensius, quien explica que en algunos casos oscila entre el 10% y el 20%. «Eso supone recortar casi todo el beneficio o, incluso, en temporada baja, entrar en pérdida», concluye.
La Asociación de Constructores de Balears consideró ayer positivo el decreto porque impide prohibiciones genéricas de obras, pero considera que la norma debería «concretar más» los límites de ruido. «Nos parece beneficioso porque, a partir de ahora, ninguna normativa municipal podrá impedir que realicemos obras durante la temporada alta» afirmó el director de la entidad, Manuel Gómez. Asimismo, consideró que la agilización de las gestiones para ejecutar equipamientos públicos en suelo rústico si son de interés general -al no pasar evaluaciones de impacto ambiental- «beneficiará al sector» que soporta trámites «absurdos» que requieren largos plazos de inactividad.