J.M. ALONSO
Tras nueve años y dos meses al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, el juez Pablo Mendoza Cuevas (Madrid, 1968) abandona Eivissa para incorporarse como titular en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid. En los últimos años ha llevado algunos de los asuntos más sonados de la isla, como el caso Huerta.
-Anteayer el juez Emilio Calatayud dijo que los jueces sólo hablan para sí y para los abogados. ¿Está de acuerdo?
-Es cierto que el lenguaje judicial es un lenguaje específico y es necesario en parte. Hay asuntos judiciales que son complicados y difíciles de explicar. Hay que hacer un mayor esfuerzo de explicación de las sentencias. En parte sí que es cierto.
-Tal vez sea también consecuencia de que el juez trabaja apartado del ciudadano de a pie, quizás habría que acercarse un poco más a la realidad del usuario de la Justicia.
-Yo creo que gran parte de la razón de esto es porque se utiliza un lenguaje en parte científico. Igual que un médico puede intentar explicar que una pancreatitis es una inflamación del páncreas y las causas que lo provocan pero para definirlo en una palabra concreta debe decir pancreatitis, igual nosotros empleamos conceptos jurídicos que muchas veces engloban muchas cosas. Es un lenguaje que es necesario. Es verdad que las sentencias son muy difíciles de explicar pero también a veces es impensable poder hacerlo de otra manera.
-Le parece que hechos como la sanción al juez Tirado ayudan a mejorar la imagen y el desarrollo hacia la modernización de la Justicia y los jueces?
-No conozco concretamente las circunstancias del caso. Sé la reacción que provocó e, independientemente de la responsabilidad personal que tenga o deje de tener, había una falta de medios, como la hay aquí en Eivissa y en general en toda la Justicia en España, y ese problema no se reconoció como existente, y eso fue lo que provocó la reacción judicial que hubo en el sentido de que uno de los principales factores determinantes fue la falta de medios y que no se reconocía.
-Se habló de corporativismo por parte del CGPJ ante una sanción que sublevó a la opinión pública.
-El corporativismo del CGPJ es relativo. Son 20 vocales, 12 de procedencia judicial y otros ocho, no, sino que son profesores de universidad, abogados. Están elegidos por el Parlamento y por tanto el corporativismo por parte del Consejo es relativo.
-¿Por qué deja la isla?
-Por razones personales, porque vuelvo a la tierra de donde soy, y también un poco por razones profesionales. Me apetecía pasar del ámbito de la instrucción al ámbito de hacer juicios y poner sentencias, que es quizás lo que más me gusta y aquí no podía ser porque ahora mismo están ocupados de manera estable [los dos únicos juzgados de lo Penal]. Es por la conjunción de las dos razones.
-¿La echará de menos?
-Sí, seguro. Y regresaré las veces que pueda.
-Se va cuando aún quedan en su ya ex juzgado buena parte de los asuntos más importantes que llevaba, como el 'caso Huerta'. ¿Ha sufrido presiones de algún tipo al instruir estos casos?
-En ningún caso. Llevo trece años de carrera, casi catorce, y jamás nadie me ha dicho en qué sentido debía de hacer una instrucción, o en qué sentido debía dictar una resolución, ni directa ni indirectamente, y en ese sentido yo nunca he sentido afectada mi independencia judicial.
-Supongo que allí, en Madrid, esperará encontrar unos juzgados en mejores condiciones.
-En Madrid hay muchísimo trabajo, tanto o más que aquí. Quizá espero encontrarme con mejores medios. El edificio es completamente distinto, son oficinas más o menos modernas, no tiene nada que ver con esto. En Eivissa faltan medios materiales y hay una necesidad urgente de que se dé una solución al tema del edificio judicial, es muy difícil trabajar aquí.
-¿Qué cambios ha advertido en la isla en estos casi 9 años?
-Desde el punto de vista judicial se ha ido incrementando la litigiosidad prácticamente en todos los ámbitos. Un año sube un poco más y quizás otro baja un poco, pero en general en los nueve años que llevo aquí ha habido un crecimiento bastante espectacular y en general la gente cada vez es más consciente de sus derechos y cada vez acude más a los juzgados.
-¿A su juicio, cuál es el estado de salud medioambiental de la isla?
-Es éste un lugar privilegiado, con mucha naturaleza por todos sitios, es un entorno en ese sentido inmejorable.
-¿Cree que hay que poner freno al desarrollo urbanístico?
-Indudablemente, sí, en lugares pequeños como Eivissa, el desarrollo está limitado por el territorio. También mayor edificación supone mayores necesidades de todo, de agua y de abastecimiento eléctrico e indudablemente hay un límite, y no sólo hay que poner un límite sino que hay que ordenar cómo se edifica.
-¿Qué opinión le merece el derribo de la casa de Cretu?
-En el momento de que es el cumplimiento de una sentencia judicial pues me parece que es lo que había que hacer.
-¿Cree que es un ejemplo de cara al porvenir?
-No conozco en profundidad la sentencia, pero si ésta ha acordado esta decisión es porque la ley lo imponía y a los jueces no nos corresponde decidir en qué sentido o no debe modificarse una ley, sino simplemente aplicarla. Desde ese punto de vista la decisión de si para futuros casos, que esperemos que no los haya, hay que aportar este tipo de soluciones u otras distintas corresponde a otras partes de la sociedad.
-¿Qué opinión le merece que la justicia haya tardado casi dos décadas en resolver el caso del vertedero de Ca na Putxa?
-Pues como éste y otros casos es un ejemplo más de que la Justicia es lenta, la Justicia no funciona bien y necesita una reforma.
-¿Cómo debería ser esa reforma en su opinión?
-La reforma es complicada, es estructural, es completa, es de organización, de método, de leyes, es completa. Es una Justicia que funciona con medios materiales y leyes muy antiguas, del siglo pasado, es una reforma completa y los responsables políticos son perfectamente conscientes y parece ser que están en ello.
¿Algún país de nuestro entorno podría servir de ejemplo a la hora de acometer esa reforma?
-Todos los países de nuestro entorno, como ya dijimos cuando la huelga, tienen una media de jueces superior a la que hay en España. Es cierto que la Justicia no es muy rápida en casi ningún lugar del mundo y quizás sea conveniente que no lo sea para dejar un tiempo de calma, de reflexión, pero supongo se harán estudios de derecho comparado y que de cada sitio seleccionarán lo que más convenga.
-¿Mereció la pena la huelga de jueces?
-De hecho ahora mismo hay un proceso negociador y de iniciativas en el Ministerio de Justicia que estoy convencido completamente de que no existiría sin esa huelga.
-¿Cómo valora el trabajo de los ecologistas en casos como el de Cretu o el de Huerta?
-Los ecologistas, como otros tipos de asociaciones de otros ámbitos, cumplen una función importante de vigilancia y de denuncia y en ese sentido su papel ha sido el de denunciar posibles irregularidades que luego se han constatado, al menos aparentemente, como posibles o como ciertas.
-En ocasiones se ha llegado a comparar Eivissa con la provincia de Málaga. ¿Aquí también campa la corrupción?
-Aquí hay casos concretos de corrupción que yo he conocido, no he visto una corrupción generalizada a todos los niveles. En el caso de Marbella se disolvió el Consistorio, aquí no se ha dado una situación parecida. Lo que he detectado yo aquí son casos de corrupción como hay en otras muchas partes de la costa donde hay un urbanismo en los últimos años.
-En los últimos meses o años hemos asistido al intento de desprestigio de algunos jueces y fiscales por parte de algunos elementos políticos.
-Hay dejar trabajar al TSJ porque está instruyendo, que acabe las cosas y supongo que aclarará al final todo lo que ha ocurrido. Los ataques a los jueces, desde el punto de vista de que resuelven conflictos entre dos partes y que normalmente deben inclinarse a favor de una de ellas, pues casi siempre han existido y supongo que siempre existirán [los ataques], lo que sería aconsejable es que se hiciera por unos cauces lógicos y democráticos.
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