El culebrón de la adjudicación de la auditoría de las autovías parece no tener fin. Ahora, después de que se hubiera convocado por segunda vez un concurso y se hubiera adjudicado la realización del estudio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vielca Ingenieros, PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal y PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, el Govern ha decidido anular esa decisión y otorgar el concurso a la segunda empresa con mayor puntuación.
La Conselleria d'Obres Públiques obró de esta forma tras recibir dos alegaciones (una del Consell d'Eivissa y otra de una empresa), en la que se aportaban datos que constataban que miembros ejecutivos de esa UTE eran «manifiestamente incompatibles». En concreto, el Consell advertía de que un integrante del equipo técnico de la UTE es Francisco Tutzó Rucosa, que fue director general de Comerç del Govern durante la legislatura 2003-2007 con Jaume Matas. La máxima institución insular advertía además de que esta Conselleria tuvo «relación directa con el expediente de las autovías objeto de esta auditoría». Por ello, el Consell consideraba que la imparcialidad de esta empresa no estaba garantizada, debido a las duras condiciones del concurso, que no permitía ninguna relación entre los auditores y los promotores o constructores de las carreteras.
Ante esta situación, el Govern investigó y comprobó que en el currículum presentado por la UTE no se aportaban datos sobre esta incompatibilidad, por lo que procedieron a lo que en términos jurídicos se llama «decaimiento» de la adjudicación provisional, con lo que se otorgó provisionalmente a la segunda empresa con más puntos. Vielca Ingenieros, PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal y PricewaterhouseCoopers Corporate Finance interpuso un contencioso contra esta decisión y pidió la suspensión cautelarísima del proceso, algo que el juez aceptó en un primer momento. Después de citar a ambas partes y de que el Govern aportara más datos, el juez decidió levantar esa medida porque considera que el «perjuicio a los intereses públicos provocados por la paralización de la auditoría son de mayor entidad que los intereses económicos particulares de la empresa recurrente». Además, recuerda que estos intereses económicos de la UTE quedarían compensados con una indemnización en caso de que hubiera sentencia favorable a la empresa.
La paralización de la auditoría se dictó el 21 de mayo y el levantamiento de esa medida se produjo cinco días después. El Govern ha mantenido oculto todo el proceso por respeto al procedimiento judicial, según explicaron ayer fuentes de Obres Públiques, que consideran que ahora la adjudicación puede seguir adelante pese a que la UTE ha presentado un recurso de súplica. De hecho, aseguran que la nueva empresa podrá comenzar a trabajar cuando la adjudicación pase de provisional a definitiva.
El conseller d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, aseguró que la auditoría «se hará» por parte de una empresa independiente. También negó las acusaciones de ocultismo del PP.
La auditoría que debe investigar técnica y económicamente el proceso de construcción de las autovías ha sufrido numerosos percances. El primer retraso se produjo al advertirse un error en el pliego de condiciones, lo que la retrasó un par de meses. Cuando la auditoría se consiguió adjudicar se tuvo que anular el concurso porque la empresa elegida, Pycsa, había sido socia de una de las constructoras de la autovía.