La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, Clara Ramírez de Arellano, ha absuelto al ex alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y al resto de acusados del caso ses Torres del delito contra la ordenación del territorio del que se les acusaba. En la sentencia obliga además a la acusación popular, ejercida por Esquerra Unida (EU), a pagar las costas que ha generado el proceso respecto a los acusados Germán Vázquez (promotor) y Raquel García Palerm (ex arquitecta municipal) porque considera que el partido político ha actuado con «temeridad» y «mala fe».
La Fiscalía acusó al ex alcalde Vicent Guasch, al ex primer teniente de alcalde Vicent Riera, al aparejador municipal Vicent Marí y al ex asesor jurídico José María Roig Vich de incurrir en un delito al permitir la urbanización de la zona de ses Torres en Jesús basándose en un Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) considerado nulo por los tribunales.
Sin embargo, la jueza no aprecia la comisión de ningún delito, porque para que se dé prevaricación urbanística es necesario que la actuación administrativa no sólo sea ilegal, sino también injusta y arbitraria. Por eso, considera que las simples ilegalidades administrativas, «aún siendo tan graves como para provocar la nulidad», deben distinguirse de aquellas que suponen la comisión de un delito, que requiere un plus de injusticia y arbitrariedad.
La sentencia analiza la legalidad del PDSU en base al cual se autorizó la urbanización de ses Torres. Según recuerda la jueza, existía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que, en uno de sus fundamentos de derecho, decía que el PDSU era nulo. Sin embargo, desde el Ayuntamiento siempre entendieron que ello permitía seguir aplicando el plan porque no se declaraba la nulidad en el fallo. La jueza recuerda que hay autos y otra sentencia que también lo entienden así, aunque otros expertos en derecho o incluso el Consell creían que sí se había declarado su ilegalidad. La jueza además recuerda que cuando se aprobó el nuevo planeamiento los terrenos de ses Torres ya eran urbanos porque se habían llevado a cabo todos los trabajos de urbanización necesarios.
Por todo ello, considera que las resoluciones del ex alcalde no fueron ilegales y aunque lo hubieran sido, deberían haber sido injustas y arbitrarias y se tendrían que haber tomado a sabiendas de su injusticia para convertirse en delito.
La magistrada recuerda que durante el juicio Guasch dijo no tener conocimientos en materia jurídica, administrativa y urbanística. Aunque ello no le exonera del cumplimiento de la ley, la jueza cree que no se le puede atribuir un delito cuando ni siquiera los propios técnicos en derecho se ponen de acuerdo respecto a si el PDSU había sido declarado ilegal o no. Además, recuerda que fue el asesor jurídico Roig Vich el que le aconsejó seguir aplicando el plan.
La jueza emplea los mismos argumentos para absolver a Vicent Riera. Respecto al aparejador municipal dice que no pudo cometer delito porque no informó favorablemente la edificación, sino sólo la urbanización. Contra el fallo cabe recurso ante la Audiencia.
La acusación popular sostenía que hubo un «pacto de caballeros» entre el Ayuntamiento y el promotor para construir en un suelo rústico que había en ses Torres. Sin embargo, la jueza considera que no se ha acreditado dicho pacto porque sólo hubo una reunión en el Ayuntamiento para tratar la cesión de una parte del terreno para lun campo de fútbol. Además, la magistrada recuerda que el promotor Germán Vázquez nunca construyó de forma ilegal, ya que urbanizó en suelo urbanizable, además de que no edificó, que es lo que castiga el delito que se le imputa. Por esta acusación y por la de la ex arquitecta municipal, la jueza ha pedido a EU que pague las costas procesales por actuar con «temeridad y mala fe», ya que Raquel García Palerm no emitió un informe favorable tal y como sostenía la acusación popular, ni Vázquez incurrió en ningún pacto entre caballeros, lo que en todo caso sería delito de soborno.
Respecto al ex asesor Jose Mª Roig Vich, que emitió un invorme en el que aconsejaba seguir aplicando el PDSU, la magistrada dice que no informó ningún proyecto de edificación ni niguna licencia de ses Torres. «En modo alguno la emisión de dicho informe puede constituir el delito que le imputan», asegura la jueza, que también recuerda que el informe favorable emitido por Roig Vich respecto a la licencia de parcelación y segregación fue confirmado por una sentencia del TSJB.
El presidente del PP, Miquel Jerez, mostró ayer su satisfacción porque el fallo da la razón a la actuación de Guasch, Riera y a los técnicos municipales. «Con esto se da por finalizado un verdadero calvario político que ha durado diez años y que ha tenido como principal objetivo al alcalde y al teniente de alcalde del PP de Santa Eulària», criticó Jerez, que cree que ahora es hora de pedir «responsabilidades» a los que lanzaron las acusaciones para «restituir la honorabilidad y la dignidad» de los absueltos.
Por otro lado, el conseller Diego Guasch, hijo del ex alcalde, explicó ayer que su padre no hará declaraciones porque ya no está en política. Desde Esquerra Unida tampoco quisieron pronunciarse y desde el PSOE dijeron en Radio Ibiza que respetan la sentencia aunque no comparten determinadas afirmaciones que se hacen en ella.