El GEN emitió ayer un duro comunicado en el que acusó a la Autoritat Portuària de Balears (APB) de haber «engañado y ocultado información a la Unesco de forma deliberada, consciente y planificada» respecto a la posible afectación de la ampliación del puerto de Vila sobre los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. El GEN también pide a la APB que empiece a buscar alternativas a su proyecto de plataformas en es Botafoc.
Los ecologistas apuntan que esta decisión de la sección autonómica de Puertos del Estado obedece a que «tanto la APB como el Ayuntamiento saben perfectamente que el informe inicial de los técnicos de la Unesco, en 1999, era contrario a la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial por la existencia de un proyecto de 35.000 metros de plataformas en la zona».
Los conservacionistas acusan al presidente de la Autoritat, Francesc Triay, de actuar de forma prepotente. «Resulta escandaloso que, después de ningunear e intentar estafar a un organismo como Unesco, el señor Triay tenga ahora la poca vergüenza de tratar a sus técnicos y expertos (de Unesco) como a perritos que deben acudir rápidamente a su llamada, recibir sus instrucciones y desaparecer».
Más reacciones
Ayer también pidió la paralización del proyecto portuario ExC. Esta formación rechazó «cualquier actuación que ponga en peligro la declaración de Patrimonio de la Humanidad» y aseguró que la alternativa que propuso en su momento «es absolutamente respetuoso con los valores que hicieron posible la declaración de Patrimonio Mundial».
L'Institut d'Estudis Eivissencs también se pronunció al respecto y señaló que «espera y confía que las diferentes instituciones implicadas en el proyecto de remodelación del puerto sean consecuentes con los requerimientos hechos por Unesco».
La consellera del PP en el Consell d'Eivissa Carolina Torres expresó ayer la postura de su formación respecto a esta polémica. «El puerto debe ser remodelado pero tampoco a cualquier precio», aseguró Torres.
A este respecto, la representante popular destacó que la APB de dar «toda la información a los afectados e instituciones sobre qué hacer, dónde y si afecta al Patrimonio».
Torres concluyó reprochando que la situación que se ha originado obedece a una «falta de comunicación entre las instituciones».