Quince viviendas de protección oficial de 45 metros cuadrados, una escoleta y una plaza para esponjar la zona. Éste es el futuro arquitectónico de la zona más degradada del barrio de sa Penya, la manzana comprendida entre calles Alt i Retir, donde se concentra la mayor problemática social de Eivissa, y donde actualmente se cuentan 44 infraviviendas de 25 m2 en las que malviven 48 personas integradas en catorce familias. Un plan que prevé la expropiación de las viviendas por el Ayuntamiento de Eivissa para su rehabilitación o derribo si es necesario, y que las personas que allí habitan, la mayoría como moradores sin poder demostrar una relación con los propietarios, reciban ayuda de los servicios sociales y un análisis extenso de los servicios jurídicos que determinarán quién tiene derecho al realojo.
Se trata de la actuación más decidida del Plan de Intervención Integral del barrio de Sa Penya, valorado en 18 millones de euros. De esta cantidad, se calcula que seis millones serán necesarios para recuperar urbanística y socialmente este núcleo duro de este barrio histórico, y tres millones serán para indemnizar a los expropiados.
Las jornadas
El plan fue presentado ayer en detalle por el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, durante el segundo y último día de las jornadas Bones Práctiques i Intervencions en Centres Històrics organizadas por el Consistorio. Junto a Costa intervinieron los arquitectos Raimon Torres, redactor del Plan Especial del Protección y Reforma Interior de 1994 (Pepri), y Raimon Rotger, coordinador del plan de intervención de sa Penya.
Durante su ponencia, Rotger ahondó en otros aspectos del plan como serán las mejoras en la «accesibilidad mediante la instalación de rampas para vehículos mínimos para que puedan acceder todos los servicios municipales» y la eliminación de las verjas instaladas para aumentar la vigilancia policial, la implantación de una gestión coordinada de residuos mediante «el soterramiento de contenedores», y «un plan contra incendios». También se incluirá otro «plan para soterrar todo el tendido eléctrico», en buena parte, ubicado en las mismas fachadas de las viviendas.
Costa recordó que el elemento urbanístico que permitirá rehabilitar las calles Alt i Retir será el Plan General de Ordenación Urbana, y su posterior inclusión en el Pepri, dos herramientas, destacó, darán la posibilidad de «intervernir de una manera seria y definitiva en el problema de las infraviviendas». Además, el concejal indicó que la financiación de 18 millones «es una inversión importantísima que necesitará mucho la concertación de otras administraciones» y explicó también que en los últimos años las rehabilitaciones se enfocaron hacia los equipamientos, y que se completarán con el inicio de la construcción del futuro centro polivalente de sa Penya.
Por último, el edil recordó que es a partir de ahora, con el plan de intervención previsto hasta el 2012, que se ha comenzado a trabajar con la propiedad privada mediante el registro de solares que da un plazo de dos años a los propietarios para rehabilitar sus viviendas con la condición de que si no, saldrán a subasta pública.
La entrada al mundo turístico de la isla en los años 70 hizo que los antiguos habitantes de sa Penya aumentaran sus recursos económicos y se mudaran al ensanche. Desde entonces, comenzó su proceso de degradación. Sus actuales moradores son consecuencia del efecto llamada de gente trabajadores de la península, con menos recurso, que sustituyeron a sus habitantes originales.
Marc Costa explicó que el informe social de sa Penya «alumbra de una manera contundente lo que sabemos hace quince años» y detalló que «todos los problemas sociales nos llevaban a esta manzana aunque no quiere decir que haya otros puntos de sa Penya donde también se da este tipo de problemática social». «Sin embargo, es aquí se concentran», agregó. Sin entrar en la privacidad de las personas que allí habitan, el edil aseguró que hay «una ocupación perversa y perniciosa, de 6 a 9 personas por vivienda, sin condiciones de salubridad, ventilación, etc», además de «un altísimo problema de falta de escolarización». «La mayoría de esta gente no tiene una relación formal con la propiedad del inmueble, del as personas que habitan esta manzana sólo hay dos contratos de alquiler y la propiedad formal», agregó el edil, quien recordó los gastos permanente en seguridad y limpieza que demanda este núcleo conflictivo.