«Por la puerta de atrás» y «por amiguismo». Éstas son las vías que para el Partido Popular ha seguido el Plan General de Ordenación Urbana de Vila (PGOU) para lograr su aprobación definitiva tras seis años de tramitación, cuya «nefasta dirección», según sentencian, les llevó a pedir ayer en pleno la reprobación del concejal de Urbanismo, Vicent Torres.
El encargado de rechazar esta petición fue el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, que negó que el equipo de gobierno «utilice ningún tipo de canal de amiguismo» y acusó al PP del hacer «un juego delicado y temerario al tratar de someter a una persona que intenta hacer su trabajo a una reprobación política». «La media nacional para la tramitación de un plan son cinco años, por lo que habrá compañeros de vuestro partido que se encontrarán en una situación muy similar en unos años, como por ejemplo Sant Joan, que ya lleva tres años de tramitación», apuntó el edil.
La portavoz del grupo municipal popular, Virtudes Marí, aseguró que la aprobación definitiva «sería un motivo de alegría sino fuera porque es un plan que nace en suspenso» ya que, según destacó, «sólo se podrá desarrollar el solar del hospital por la prescripciones de la Comisión de Medi Ambient, que impiden el desarrollo de todas las unidades de actuación y del equipamiento público previsto, como colegios, hasta que no esté la depuradora y las desaladoras». A estas condiciones, Marí sumó ayer las de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio (Ciothupa) «que ha suspendido las unidades de actuación de Cas Mut y Puig des Molins y que, si bien permite expropiar en sa Penya, impone que todo el casco histórico se considere bien protegido, por lo tanto no se podrá derribar nada». «Es decir, que es la certificación del fracaso de un modelo y de una idea», concluyó Marí.
Tras el pleno el concejal Vicent Torres acusó a los populares de «maximizar los problemas» y dijo «estar muy contento» por la aprobación del planeamiento.
«No afecta a los colegios»
En cuanto a las prescripciones, el concejal explicó que «la más importante de todas, la de la comisión balear de Medi Ambient a causa de la depuradora, sólo afecta a cuatro espacios del municipio» como son «Platja d'en Bossa, Es Pratet, Es Viver y sa Jovería», excepto los terrenos del hospital. Sobre estos terrenos, Torres destacó que los «trámites de urbanización serán paralelos a la construcción de la depuradora». Las otras prescripciones, según Torres, que hacen referencia a Puig des Molins y Cas Mut, se trata de «delimitar el suelo urbano: el primero se hará un plan especial y el segundo se justificará y punto». Asimismo, Torres negó que estas condiciones afecten a la construcción de colegios.
Por su parte, la alcaldesa Lurdes Costa aseguró que el PP «quiere interpretar que las comisiones que aprobaron el plan general son políticas, pero son básicamente comisiones técnicas». «Nunca haremos valoraciones de aquellos informes técnicos que hacen recomendaciones para mejorar nuestro documento sino todo lo contrario, las asumimos con gusto, y porque pensamos que así tendremos el mejor documento para nuestra ciudad», concluyó.
Durante el pleno de ayer se aprobó por unanimidad la propuesta de que el Ayuntamiento de Eivissa asuma el pago de diez mil euros al año de comisión para obtener la financiación de 21 millones de euros para el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanidad. Se trata de la condición que pusieron las cuatro entidades bancarias que presentaron una propuesta conjunta para el préstamo y que, según el teniente de alcalde, Santiago Pizarro, «son las más importantes del país». Para Pizarro, ésta es la mejor opción ya que la otra vía era volver a hacer toda la tramitación para que los otros socios del Consorci, como son el Consell y el Govern, asumieran su parte de pago de esta comisión. Pero como el plazo para responder a las entidades bancarias vence el quince de agosto «y no ha sido fácil la tramitación de crédito, el Ayuntamiento por responsabilidad y eficacia asumirá el pago de las comisiones». El Partido Popular dio su visto bueno a esta propuesta. Las entidades bancarias que se presentaron son BBVA, Caja Madrid, La Caixa y el banco Santander.