El PP acusó ayer a la Conselleria de Salut del Govern de privatizar los servicios no sanitarios del nuevo hospital de Eivissa.
La diputada popular Carmen Castro tachó de «fuegos artificiales» el anuncio por parte de Francesc Antich de un gasto de 700 millones para el nuevo hospital y los centros de salud. «La realidad es que se van a invertir 96 millones en las obras de los centros de salud y el hospital más 600 millones en las obras de peaje a la sombra», aclaró, recordando que cuando el PSOE y Eivissa pel Canvi estaban en la oposición «criticaron duramente este sistema cuando lo utilizó el PP, que parece que no es tan malo cuando ellos gobiernan». Castro denunció «la falta de coherencia y el doble discurso que supone decir una cosa en las oposición y otra cuando gobierna».
Dudas sobre la gestión
El PP no entiende por qué se ha de recurrir al peaje a la sombra «para hacer una obra de 96 millones de dos años y seis meses». En su opinión si se hace así es para incluir la explotación de todos los servicios no sanitarios por parte de la empresa que hará la obra, «que es la que gestionará estos servicios cuando esté en funcionamiento y esto es privatización, no lo decimos nosotros sino lo dijeron ellos cuando el PP utilizaba este sistema, privatizan los servicios no sanitarios del nuevo hospital y los centros de salud», afirmó Castro.
En su opinión, esto supone que «en 32 años vamos a estar sin nuevas inversiones sanitarias en Eivissa; están hipotecando las infraestructuras sanitarias» ya que el gasto aprobado por el Govern es para 32 años. «Van a castigar a Eivissa a tener solo el nuevo hospital, es una obra muy importante que hemos defendido pero, igual que el Can Misses actual, dentro de 32 años necesitará nuevas inversiones».
UGT, en contra
El sindicato UGT afirmó ayer que está «en contra de la privatización de la sanidad» aludiendo en concreto a la «concesión administrativa» anunciada por el Govern con la que serán gestionadas las áreas «no asistenciales».
UGT dice que se trata de «la misma fórmula de gestión sanitaria que se aplica en el futuro hospital de Son Espases», y que está concesión para Eivissa fue «impuesta» por el PP en la anterior legislatura «a pesar de ser tan criticada por los partidos de la oposición» y por el sindicato.
La organización sindical ha detallado que una concesión administrativa «es el resultado de un trato entre la Administración y una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la construcción, a priori carentes de conocimientos de calidad sanitaria ni interés por adquirirlos ni aplicarlos».
El PP reiteró ayer sus críticas a la situación del actual hospital. «Es preocupante su situación, falta personal y no se toma ninguna medida para retener a los especialistas. Nos preocupa qué va a pasar en Can Misses hasta que esté acabado el nuevo hospital que será como mínimo de dos años» y pidió al conseller de Salut que tome medidas. Castro atribuyó esta situación «a la mala gestión del gerente del Àrea de Salud, Francisco Cárceles, que no escucha ni recibe a los profesionales». Castro dijo que el gerente «no recibe a los jefes de servicio que le plantean la situación del centro, que es de saturación y el ejemplo es que muchos especialistas ibicencos se están yendo de la isla», como cardiología, que pasa de cuatro especialistas a dos y eso afecta a la lista de espera. Afirmó, además, que dos especialistas via MIR «fueron a pedir trabajo y les dijo que no, que el servicio estaba completo y más cuando hay especialistas, muy buenos, que vienen de fuera y no tienen homologados sus títulos». Castro se pregunta que si no se toman medidas para fidelizar a los profesionales, «será una excusa para no tener radioterapia y otros servicios que no tenemos».
El director general de Planificación y Gestión del Servei de Salut, Luis Carretero, aclaró ayer que «los servicios que se llevarán a la concesión serán los no asistenciales, son los que en todos los hospitales, da igual el color político y la comunidad, se hacen por una empresa privada y se garantiza que los trabajadorss mantengan su puesto de trabajo». Aseguró que el dinero que se gasta «no es un pago por la construcción del edificio, sino son para lavandería, cocina, mantenimiento y seguridad». Además, Carretero dijo que otra de las características de este modelo es «que tiene unas penalizaciones muy fuertes si no se cumplen unos estándares de calidad que se fijan», como el tiempo de llevar la comida a la planta o de la limpieza de un servicio.
También negó las críticas del PP acerca de que no va a haber nuevas inversiones en estos 32 años. «El modelo supone que la concesionaria tiene no sólo que construir el edificio y dar esos servicios sino mantenerlo en perfecto estado de uso durante la concesión con lo que si hay que renovar cualquier aparato, ellos tienen la obligación de renovarlo y se garantiza que siempre se va a estar invirtiendo», aclaró.