Unos cuarenta y cinco socorristas de la isla se manifestaron ayer en el paseo de Vara de Rey para reclamar un convenio colectivo que termine «con los continuos abusos que se están cometiendo» en el sector.
La protesta fue convocada por la Asociación Balear de Socorristas Acuáticos (A.B.S.A) y apoyada por Comisiones Obreras (CCOO). Comenzó a las 20,30 horas y fue sumando manifestantes hasta pasada las 21,00 para concluir con la lectura de un manifiesto y un recorrido por Vara de Rey. El ruido de los silbatos, los tambores y los cánticos apoyaron las reclamaciones del presidente de la asociación, Renzo Nápoli y del manifiesto de la asociación, que denunció que las «irrisorias» condiciones laborales que les aporta el Estatuto de los Trabajadores para desarrollar una «labor como es salvar vidas».
En su manifiesto, la asociación denunció «la dejadez, falta de control y consideración sobre el cumplimiento de la normativa del gremio» y quiso poner en conocimiento «de la administración competente en materia de emergencias, ayuntamientos y empresas las numerosas irregularidades que se cometen». «Instamos a que se compruebe que todo el personal tiene al menos titulación, materiales adecuados y condiciones laborales reguladas, de lo contrario buscaremos otros empleos menos temporales y donde haya más seriedad», destaca el escrito.
Por su parte, Nápoli recordó que el sueldo básico que cobran «no sirve de nada porque es de 624 euros», lo que provoca que «muchos socorristas trabajen como camareros por la noche». «Entonces al otro día trabajan cansados y mal, el servicio baja y hay inseguridad en las playas», destacó Nápoli, que aseguró que si no se concretan reuniones con las empresas implicadas planean «instalar banderas rojas en todas las playas con pancartas en los puestos explicando lo que está sucediendo e incluso llegar a la huelga».
Los socorristas quisieron expresar también su «descontento» por la privatización de los servicios de salvamento en las playas y la «precariedad» de los socorristas de las piscinas. «Ello ha provocado un caos en lo que se refiere a las condiciones laborales y a la calidad de los servicios», denuncian. «Es inadmisible que servicios públicos de seguridad sufran este tipo de abusos», concluyen.