El juez Castro incluyó en el sumario informes que considera periciales en la investigación del sobrecoste del Palma Arena en los que se cuestiona en el ámbito profesional de la arquitectura el contrato firmado con los hermanos García-Ruiz a través de una sociedad mercantil para proseguir con la obra que había iniciado su colega alemán Ralph Schürmann.
La oficina Deontológica del Col·legi Oficial d'Arquitectes Illes Balears consideró hace ahora un año que el contrato de consultoría y asistencia técnica de los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz para la construcción del Palma Arena, a través de su empresa GR1 S.L., «debe calificarse, como mínimo, de un gran despropósito, por no llamarlo de otra forma».
Poca colaboración
Teniendo en cuenta que dicho contrato no llevaba incluido el proyecto básico de la instalación, elaborado ya por el arquitecto teutón, el análisis de sus propios colegas -que figura en el sumario judicial a instancias de la Fiscalía y la acusación particular del actual Govern- señala que a los arquitectos mallorquines imputados en la causa les fue atribuido en su contrato un comparativo porcentual con respecto a la ejecución material de la obra -entonces de 40 millones de euros sin IVA-, bastante superior al que puedan cobrar firmas de reconocido prestigio mundial como Rafael Moneo y Santiago Calatrava».
La oficina Deontológica del Col·legi d'Arquitectes había girado visita poco antes de su informe al velódromo a instancias del actual Govern, y a seguido de la misma informó que la propia dirección facultativa -sus colegas reseñados- y la UTE habían prestado tan poca información a los gestores a partir del verano de 2007 como para considerarlo de forma textual una «actitud indignante».