La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Balears que permite que personas aforadas (diputados y miembros del Govern) declaren ante los jueces de instrucción no se pone en duda por el Parlament, según admitieron ayer sus servicios jurídicos. No obstante, la presidenta de la Cámara, Maria Antònia Munar, advirtió «que no hay un informe específico sobre este tema».
La controversia está originada por la imputación de diputados y consellers (Tarrés, Cardona, Vicens, Font o Nadal) en diferentes casos judiciales. Todos han sido imputados y han prestado declaración ante jueces de instrucción y no ante el Tribunal Superior de Justicia .
El TSJB basa su tesis jurídica en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que distingue entre la imputación y la inculpación de un aforado, cambios que se produjeron en el año 2002 «y que obligan a cambiar la práctica contraria que había seguido el TSJB hasta ahora».