El senador por las Pitiüses Pere Torres Casetes, interveno ayer ante el pleno de la Cámara Alta para defender la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo una ponencia de estudio que analizara la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en los mismos, así como la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos en materia de cooperación internacional al desarrollo.
En la sesión de ayer se planteaban, principalmente, algunas de las carencias que muestra todavía el Estatuto del cooperante, aprobado en 2006, el cual debe recoger los derechos y deberes de los mismos y reconocer el status de cooperante, así como regular de manera efectiva la relación jurídico-laboral de quienes se dedican a la cooperación, al desarrollo y a la acción humanitaria, dentro del marco actual de desarrollo de la Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional.
En definitiva, el Estatuto del Cooperante, en su momento, supuso una reivindicación histórica que pretendía la regulación de un sector y de una actividad sin legislación propia a la que se dedican más de 1700 cooperantes y numerosas organizaciones españolas.
De esta manera, en la moción presentada ayer, el Grupo Parlamentario Socialista consideraba que, a pesar de que la mayor parte de los colectivos hacen un balance positivo del Estatuto desde su aprobación en el año 2006, en su aplicación todavía existen importantes retos en los que seguir trabajando.