El Govern ha recibido una veintena de peticiones de indemnización a raíz de la aprobación de la ley 4/2008, que protegió Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera y Cala d'Hort. Actualmente, todas estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial se están tramitando en la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori. «Haremos una propuesta al Consell Consultiu, que deberá resolver, y si la propiedad no está conforme tiene luego la posibilidad del recurso contencioso administrativo», explicó el director general d'Ordenació del Territori, Bernat Aguiló, que indicó que estos procedimientos podrán paralizarse en caso de que se llegue a un acuerdo con los propietarios en el marco del consorcio de reconversión territorial.
«No nos preocupa»
El director general se negó a desvelar los millones de euros que han solicitado los propietarios en compensaciones. «Que pidan mucho no significa que los terrenos valgan eso, porque normalmente los propietarios van lo más arriba posible para poder luego negociar», remarcó Aguiló, que aseguró que todas estas peticiones de indemnización no les preocupan especialmente, porque ya están viendo que no son reclamaciones «adecuadamente motivadas» desde el punto de vista jurídico.
«Parece que proteger territorio tenga que tener un precio exorbitado cuando la experiencia judicial demuestra que no es así», añadió el director general, que recordó que en algunos casos, como el de Benirràs, los propietarios se han unido para presentar una reclamación conjunta. También hay peticiones de indemnización de promotores de Roca Llisa y Punta Pedrera.
Aparte de estas reclamaciones, también hay una docena de peticiones de indemnización por parte de propietarios de ses Feixes contra el decreto ley previo a la ley, en el que se decretaba la suspensión de la construcción en este espacio hasta que no estuviera aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este caso, el Govern considera que estas reclamaciones no tienen ningún sentido, porque si acaso deberían ir contra el PGOU. «Esto son ganas de hacer gasto por parte de los particulares porque procesalmente es de sentido común que las normas que suspenden planeamiento no dan pie a indemnizaciones».
El consorcio de reconversión territorial, del que forman parte Consell y Govern, se reunirá próximamente y comenzará a estudiar ubicaciones «potencialmente adecuadas» para que los propietarios puedan ser compensados con otros terrenos en zonas de menor valor ambiental. «Si se tiene que hacer una transferencia de aprovechamiento tiene que estar avalada por trabajos territoriales que lo justifiquen», explicó Aguiló, que indicó que el territorio de Eivissa es «complicado», pero quedan «agujeros vacíos» en torno a los núcleos urbanos. «El consenso con los municipios sería lo mejor, pero también el Plan Territorial Insular (PTI) puede fijar zonas de crecimientos».