El arquitecto Salvador Roig, denunciante de la concesión de la licencia de obras por implicar la desaparición de elementos patrimoniales, dijo ayer que «sentencias como la de Ca ses Castellones son las que permitirán en el futuro conservar el poco patrimonio existente en nuestras Islas, un patrimonio cada vez más escaso, y por eso esa es para mí la mejor de las noticias».
Para Roig, «los pronunciamientos anteriores y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia nos hacían pensar que no había otro final que no fuera éste, aunque había que seguir el procedimiento hasta la confirmación en firme de la sentencia». El arquitecto recordó que «hubo otras personas y colectivos que actuaron igualmente contra la concesión de la licencia y a todas ellas hay que agradecerles su empreño en defensa del patrimonio de la Isla».
En este sentido, Roig señaló ayer que la sentencia confirma que «los criterios empleados por la administración no se adaptaban a la Ley de Patrimonio cuando, justamente la aplicación de la misma, es muy clara y hay sentencias en el mismo sentido, sentencias que no se sabe bien por qué no se habían tenido en cuenta».
Roig apuntó que «como ciudadano, comparto una queja formulada por el conseller d'Urbanisme, Bartomeu Escandell, en el sentido de que sólo se va contra el Ajuntament, mientras que no se hace responsable o corresponsable a la Ciotupha del entonces Consell Insular d'Eivissa i Formentera ni al Consell Executiu del Govern, que son los que informaron favorablemente a la concesión de las licencias».
De momento, la promotora del complejo de locales comerciales, Plaza Sant Ferran SL, aún no ha hecho una declaración pública de intenciones aunque en febrero, cuando salió la sentencia del TSJ, ya avanzó que no se quedarían cruzados de brazos y que solicitarían compensaciones económicas si finalmente la promoción es demolida, unas indemnizaciones que si debiera afrontarlas en su totalidad el Consell de Formentera, podría llevar a la primera institución de la isla a la quiebra, como avanzaba el viernes el conseller Escandell.