J.M.A. / C. C.
Margarita Rosa Robayna Perera, magistrada-jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa y que en breve abandonará la isla tras una fugaz estancia, emitió ayer un auto en el que reclama el «embargo preventivo» de 866.000 euros para el ex secretario general de la FSP-PSOE Roque López y su abogado, Andrés Tuells, 433.000 euros a cada uno. La decisión de la juez es recurrible en un plazo de tres a cinco días. «Se señala en concepto de fianza la cantidad de 433.000 euros (artículo 589.2 de la LECRIM) de derechos, bienes, rentas, cuentas bancarias y cualesquiera otros con valor estimable don Roque López Morcillo suficientes para cubrir las posibles responsabilidades civiles», señala el auto de la juez Robayna Perera. Exactamente lo mismo expresa la juez en cuanto al abogado Tuells.
El pasado 7 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) archivó la querella que López interpuso a través de su abogado contra la letrada Ascensión Joaniquet y el juez José Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, por presuntos delitos de «prevaricación y cohecho» en el contexto del denominado caso Eivissa Centre.
Auto del TSJ
Así lo destacó el magistrado Antonio Federico Capó Delgado en su auto, de 50 páginas, en el que determinó que «no hay indicios racionales de que la letrado Joaniquet haya pagado deudas del magistrado José Espinosa y de su esposa como se sostiene en la querella». «Tampoco los hay de que los fondos con los que se pagaron los 38.000 euros procedieran del bolsillo de la señora Joaniquet», apunta Capó.
Este auto del TSJB, muy duro con los querellantes, reconocía el daño que suponía para la imagen de la letrada y del propio magistrado el hecho de que se hubiera vertido una acusación tan grave, motivo por el cual se pedía que se investigara el asunto de oficio.
De esta forma, el juez resolvió las acusaciones que Tuells y López habían vertido en su querella, en la que denunciaban que Joaniquet había saldado una deuda de 38.000 euros de la esposa del juez Espinosa, primer instructor del caso Eivissa Centre, favoreciendo la adopción de resoluciones favorables a los intereses de los defendidos de la letrada en este caso, en el que se investigan presuntos cobros de comisiones, y en el que Joaniquet representa a varios dirigentes del PSOE, como el presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés.
El magistrado instructor explicó también en su resolución que si bien es verdad que tanto la acreedora como la esposa del juez y Joaniquet son vecinas del mismo inmueble, ya que la letrada tiene allí su despacho profesional, ello explica la «intervención» de la abogada «en calidad de mediadora entre ambas partes, al surgir el conflicto ante el impago de parte de [una] deuda».
27 de abril de 2007. Roque López desvela a un medio de comunicación que el PSOE pactó el cobro de una comisión. López posee conversaciones grabadas. 3 de mayo de 2007. López denuncia el posible cobro ilegal de comisiones. 18 de octubre de 2008. Roque López amplía la querella contra XicoTarrés y le acusa de un delito de falsedad documental. 10 de febrero de 2009. Xico Tarrés declara como imputado por las presuntas comisiones de Eivissa Centre. 19 de febrero de 2009. El juez retira la imputación por falsedad documental a Xico Tarrés en el caso Eivissa Centre 3 de marzo de 2009. López denuncia al juez del caso Eivissa Centre y a la abogada de Tarrés por cohecho y prevaricación. 20 de marzo de 2009. El juez de Eivissa Centre, obligado a apartarse del caso tras admitirse la querella de López de prevaricación. 8 de julio de 2009. Archivada la querella contra el juez de Eivissa Centre y la abogada de Tarrés. 6 de octubre de 2009. Andrés Tuells y Roque López declararán como imputados en enero. El TSJB determina que Joaniquet y Espinosa no han cometido tales delitos y pide que se investigue a Tuells y López por denuncia falsa. En su auto del 7 de julio, el magistrado instructor del TSJB remitió su resolución al juez decano de Eivissa «con el fin de proceder de oficio contra el denunciante-querellante y el autor de la querella al existir bastantes indicios de falsedad en la imputación realizada». También se obligaba a Andrés Tuells y a López a pagar las «costas causadas» y les denegaba la apertura, que habían solicitado, de nuevas diligencias en la causa. En definitiva, para el magistrado instructor, el hecho de que «no existan indicios de que hubiera habido pagos de la letrado Joaniquet para cubrir las deudas del magistrado Espinosa», ni de que «hubiera una amistad íntima de ambos» ni tampoco «de que la letrada hubiera prestado sus servicios de asesoramiento personal del matrimonio Espinosa-Díaz», demuestra que la querella «no sustenta la injusticia de resolución en dato alguno».