Los empresarios hoteleros ibicencos podrán regularizar hasta 9.000 plazas de alojamiento que en la actualidad se explotan sin contar con la preceptiva licencia, según apuntó ayer el conseller de Política Empresarial, Joan Serra Mayans, que reseñó que para fijar la cantidad que abonarán se seguirá el criterio usado en Mallorca de un mínimo de 4.300 euros por unidad regularizada.
Hasta el momento, la cifra máxima para la regularización de plazas que se había facilitado se situaba entre 2.400 y 3.000, cifra que representaba la plazas que se habían dado de baja desde que el Consell accedió a las competencias en la materia de ordenación turística en el año 1997.
«El cambio en las cifras obedece que antes teníamos únicamente nuestros datos de bajas en el listado de plazas turísticas; ahora, en cambio, contamos también con los de la época en que la competencia la tenía el Govern, por lo que el total ronda las 9.000 plazas que se podrían legalizar», explicó.
Cuando, hace un año se abrió esta posibilidad, los empresarios mostraron su desacuerdo con que se fijara un tope de regularización para toda la Isla y reclamaron que se estableciera un máximo equivalente al 5% de las plazas legales de cada establecimiento.
Sin llegar al máximo
El conseller remarcó que lo que reflejan esas 9.000 plazas es el máximo de unidades de alojamiento que se podrán regularizar, «pero eso no significa que se acaben legalizando todas esas» puesto que esta operación debe ser solicitada por los empresarios. «Creo que se acabarán normalizando entre 3.000 y 4.000 plazas», apuntó Serra Mayans, quién señaló que esta cifra podría suponer sacar a la luz buena parte de la oferta alegal que persiste en la Isla. «No dispongo de unas cifras cerradas a mano, pero yo diría que la oferta ilegal ronda las 4.000 plazas, una estimación mía en función de los expedientes que he visto por la conselleria», añadió.
Para poder contabilizar como legales las plazas no regularizadas, los empresarios deberán abonar una cantidad a modo de compensación por su actuación irregular. Todavía no está concretada la cuantía que se deberá pagar, aunque el Consell pretende seguir el modelo de Mallorca, en que el canon mínimo es de 4.300 euros por plaza.
De ser así, la institución insular podría ingresar un mínimo de 38,7 millones si se alcanzaran las 9.000 plazas, aunque si estas se reducen a las 3.000 o 4.000 plazas, los abonos se recortarían hasta la horquilla de 12,9 o 17,2 millones de euros como mínimo.
Las plazas turísticas ilegales se han originado en muchos establecimientos debido a los cambios en la gestión de los mismos. Así, en algunos casos son las habitaciones del personal de temporada que han dejado de usarse, al igual que algunas zonas comunes (como comedores y salas de estar) que han sido adaptadas y reformadas para poder comercializarlas como alojamiento pero sin pedir licencia para ellas y, por lo tanto, eludiendo pagos.
El 'Decreto Nadal' que regula el proceso regulador establece que los ingresos generados por la legalización deberán ser destinados a mejoras en infraestructuras turísticas. Serra Mayans apuntó que el objetivo de esta medida es «conseguir una oferta hotelera más moderna, regularizando las plazas, pero también gracias a la renovación de zonas turísticas, especialmente aquellas en que ya hay demandas de transformación y contamos con proyectos». En este sentido, apuntó que Platja d'en Bossa y Sant Antoni son las áreas que se perfilan como principales candidatas para recibir esta inyección de fondos.
Eso sí, el dinero no llegará en breve. Habrá ocho meses para la regularización una vez se constituya la Comisión de Ordenación Turística que deberá perfilar todo el proceso (cantidades incluidas) y en la que participarán hoteleros, agencias de viajes, Pimeef y CAEB, entre otros.