El juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, cuestiona la legalidad de las subvenciones que la ex presidenta del Consell de Mallorca Maria Antonia Munar firmó por valor de 1.990.000 euros a empresas audiovisuales supuestamente vinculadas a Unió Mallorquina (UM).
En su auto en el que fijó ayer noche una fianza penal de 350.000 euros para Munar, al que ha tenido acceso Efe, el juez considera que hay indicios de que la también ex presidenta del Parlament balear y de UM debía conocer las irregularidades detectadas en estas subvenciones dadas durante la legislatura pasada.
El juez imputa a Munar por estos y otros hechos seis tipos delictivos: negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos, prevaricación administrativa, delito electoral y cohecho.
En concreto, el auto menciona subvenciones para realizar programas del ente Radiotelevisió de Mallorca concedidas a las empresas Vídeo U (por 810.000 euros), en la que se sospecha que Munar participa mediante un testaferro; Bahía Difusión (420.000), relacionada con miembros de UM, y Xarxa de Televisions (280.000) y Ambit Digital (480.000), vinculadas a las dos primeras.
El juez sospecha que Munar adquirió parte de Vídeo U junto al ex presidente de UM Miquel Nadal, quien declaró ante el juez que recibió de manos de la ex presidenta del Parlament 300.000 euros para comprarla, algo que, recuerda el juez, han ratificado cinco imputados, entre ellos su supuesto testaferro, Víctor García.
Explica que el Consell otorgó subvenciones a Vídeo U por 810.000 para varios programas, uno de los cuales ni siquiera se realizó, y que además esta productora «corrió con parte de los gastos de la campaña de UM» de 2007, en la que Munar se presentaba como número uno al Parlament.
Respecto a Ambit Digital, indica que, en contrapartida de la subvención que le dio el Consell, se le exigió la contratación de al menos 14 personas que colaboraron en la campaña electoral de UM en 2007.
También habla el juez de los cinco contratos que suscribió el Consell con Studio Media Comunicación, propiedad de Alfredo Conde, presunto testaferro del ex miembro de UM Bartomeu Vicens y que se benefició de la concesión de la radio pública del Consell, Ona Mallorca.
Afirma que, a tenor de las investigaciones, la empresa no tenía «ni recursos técnicos, ni personal, ni solvencia económica» para realizar esta labor y que además se produjeron varias irregularidades en los contratos.
«En definitiva, toda la irregular contratación de Studio Media con el Consell de Mallorca, que no debió haberse producido desde un principio, no puede ser entendida, o así se estima al menos incidiariamente, sin la connivencia y activa participación de las personas que otorgaron dichos contratos, entre ellas Maria Antonia Munar», asegura el juez.
y....mal pensando puede ser -solo? la punta del iceberg....