El PP balear ficha al fiscal del 'caso GAL' para que defienda a sus militantes

El PP balear ha fichado al que fuera fiscal del 'caso GAL', Ignacio Gordillo, para que defienda a aquellos militantes que hayan podido ser víctimas de actuaciones arbitrarias de la Justicia.
El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, y su secretario general, Miquel Ramis, mantuvieron ayer un encuentro con Ignacio Gordillo y Rafael Martínez-Echevarría para analizar la situación judicial que se vive en Balears.
Ignacio Gordillo trabaja desde el mes de febrero en el despacho de abogados Martínez-Echevarría tras solicitar una excedencia como fiscal de la Audiencia Nacional.
Terrorismo
Ignacio Gordillo, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, estuvo primero destinado en la Audiencia Provincial de Girona y en la de Valladolid.
En la Audiencia Nacional, Gordillo fue un duro oponente al terrorimo etarra, los Grapo, los GAL, así como de los secuestros del empresario José Mª Aldaya y el funcionario de prisiones Ortega Lara.
Durante la comida de trabajo celebrada en el restaurante del Club Náutico, los dos máximos dirigentes del PP analizaron con Gordillo y Martínez la situación judicial que se ha creado en los últimos años en Balears, sobre todo con algunas instrucciones.
Desde las filas del PP balear rechazaron referirse a asuntos concretos, a la espera de que Gordillo analice las distintas causas en las que están implicados dirigentes populares.
No obstante, desde el PP dejaron claro que sólos se van a producir actuaciones muy concretas contra fiscales, jueces o policías que hayan podido cometer abusos contra dirigentes del PP, tal y como adelantó este diario la pasada semana. El acuerdo sea adoptó en un consejo de dirección del PP balear celebrado hace dos semanas, el día que estalló el «caso Bomsai».
En este sentido, el propio Bauzá ya anunció hace unas semanas que el PP balear sería inflexible con aquellas decisiones judiciales que pudiesen perjudicar a dirigentes populares.
Ese mismo día, el líder de los populares comunicó que todos los dirigentes con medidas cautelares serían expulsados del PP balear.