Las distintas actuaciones que se vienen realizando por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Balears cuenta con un amplio apoyo de los ciudadanos, según se desprende de la encuesta realizada en exclusiva para Ultima Hora por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES). Así, un elevado porcentaje de la población, el 67,1 por ciento rechaza la tesis de que se esté produciendo un acoso de los fiscales contra el Partido Popular y Unió Mallorquina, las dos formaciones que acumulan más causas por corrupción política en esta legislatura.
Cabe destacar que hace apenas un año estaba mucho más extendida la idea de que la Fiscalía Anticorrupción trabajaba con premisas políticas, era el argumento de la 'doble vara de medir' que se difundía desde el Partido Popular cuando saltaban los escándalos y sus militantes figuraban como principales implicados en los sucesivos casos de corrupción. Sin embargo, asuntos como 'Can Domenge', 'Voltor' o 'Maquillaje', en el que figuran implicados ex altos dirigentes de Unió Mallorquina, durante esta y la pasada legislatura, ha desactivado el discurso de los conservadores.
Llama la atención que la supuesta intencionalidad política de jueces, fiscales y policías en contra del PP y UM no era compartida por buena parte de su electorado.
Cuestión distinta son los procedimientos en la detención y los interrogatorios, tema muy polémico tras la detección del ex portavoz del PP en Cort, Rafael Durán, y el interrogatorio del ex president del Govern, Jaume Matas; ambos imputados en el 'caso Palma Arena'.
En este terreno, según la encuesta del IBES, la percepción de los ciudadanos se equilibra entre quienes apoyan el trato que se dispensa a los políticos y los que entienden que es inadecuado. Los votantes del PSOE y Bloc son los más favorables a las actuaciones de policías y jueces mientras que los críticos, como es lógico, se encuentran entre los simpatizantes del PP y UM.
La captación de imágenes de los políticos esposados o la difusión en los medios de comunicación de los interrogatorios son los aspectos que más critican los ciudadanos de las Islas, así como las diferencias de trato entre unos y otros (detenidos o no con antelación a su comparecencia ante el juez).
Consecuencias políticas
Más de la mitad de los ciudadanos de Balears, el 54,4 por ciento, considera que la mera imputación de un cargo político en un caso judicial debería llevar aparejada su dimisión.
Este dato contrasta con la opinión del 29,7 por ciento de la población que estima necesario esperar a que exista una sentencia firme antes de exigir la dimisión de un político. Todavía es más bajo el porcentaje, un 15,9 por ciento, el de quienes defiende que es preciso esperar, como mínimo, a la imposición de medidas cautelares.
A la hora de pronunciarse sobre este punto, los votantes de la izquierda, PSOE y Bloc, son mucho más estrictos que quienes se confiesan votantes del Partido Popular y Unió Mallorquina, partidarios que esperar a que los jueces se pronuncien mediante una sentencia firme antes de actuar.
Sobre todo este tema, la encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales detecta confusión entre el electorado puesto que en Balears se mezclan las exigencias de dimisión de cargos con la suspensiones de militancia de los respectivos partidos políticos, medidas que no siempre -como es el caso del diputado ibicenco del PP Josep Juan Cardona- van aparejadas.
En todo caso, en estudio del IBES evidencia que la cuestión genera una considerable polémica ciudadana, que apoya la lucha contra la corrupción pero cuestiona la utilización de determinados métodos.
El enriquecimiento personal, causa principal de la corrupción política
Para los ciudadanos de Balears, en un elevadísimo porcentaje, el 88,1 por ciento, la corrupción política es atribuible a un deseo de enriquecimiento personal de sus presuntos responsables frente a los que consideran, en un 11,9 por ciento, que son la consecuencia de una necesidad de financiación complementaria de los partidos políticos.
A pesar de que en numerosos casos de corrupción se especula con el desvío de fondos públicos a los partidos políticos, lo cierto es que los electores tienen la sensación que en la inmensa mayoría de los casos este comportamiento responde a un claro deseo de incrementar su patrimonio personal, esta es una opinión que comparten ciudadanos de todas las ideologías. Sólo en el caso de los votantes de Unió Mallorquina se percibe un mayor número de electores que defiende la tesis de una búsqueda de recursos económicos con destino al partido.
Esta percepción viene avalada, según el estudio del Instituto Balear de Estudios Sociales por los casos más recientes, en los que a pesar de la existencia de desvíos importantes de dinero no se ha podido probar la existencia de un nexo claro de financiación ilegal con los partidos políticos en los que militaban sus principales implicados.