Casi un millón de euros. Esa es la distancia que hay entre contar en septiembre con un nuevo instituto o enviar a 75 jóvenes de Sant Antoni a estudiar en barracones. Y la segunda opción, las aulas prefabricadas, es la elegida por la Conselleria d'Educació, ratificada ayer por el conseller Bartomeu Llinàs.
La obra está al 70% de su ejecución pero no se terminará en septiembre con el inicio del nuevo curso escolar porque, según el conseller, la constructora Copasa «presiona» para que la Conselleria d'Eduació pague «815.000 por unos trabajos que los técnicos del Ibisec dicen que no están hechos». Así lo aseguró Llinàs ayer en la sesión del Parlament balear en respuesta a la pregunta de la consellera popular Carolina Torres que quiso saber «porqué hace seis meses las obras están paralizadas». «Hay unas presiones y unas peticiones para que en septiembre podamos abrir y esta conselleria no se someterá a la presión que esta empresa, Copasa, ya hizo en otro momento. Prefiero paralizar este proceso y que vaya por cuestiones legales, que ceder delante de una constructora que sabe que queremos empezar el curso», destacó Llinàs.
Sobrecoste de la obra
Sin embargo, la empresa da una versión muy diferente, que también tiene entre sus ejes centrales este sobrecoste de más de 800.000 euros. Según explicó ayer un portavoz, si la obra se ha encarecido con respecto al proyecto inicial es por «responsabilidad de la administración que ha modificado el proyecto, elevando los costes y cambiado las partidas». En este sentido, la valoración total de la obra que hace Copasa es de un millón de euros más ya que el importe de adjudicación rondó los 5.120.000 euros y ahora, según la empresa, ronda los 6.200.000 euros. Además, indicaron que «bajo ningún concepto» admiten la acusación de que se están efectuando presiones.
Fuentes de la constructora explicaron que los 800.000 euros es la suma que la empresa ha gastado para realizar cambios «ordenados» por los técnicos del Ibisec (Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales) al proyecto inicial y que ahora, una vez presentadas la modificaciones por parte de la empresa con la valoración de los gastos efectuados se han encontrado con silencio administrativo, con «la callada por respuesta» y «sin una valoración que diga lo contrario». Asimismo, destacaron que la Conselleria «no ha certificado ninguna partida desde julio de 2009», es decir, que no les paga desde entonces.
Desde Copasa informaron también que en vez de responder a la valoración de los cambios, el Ibisec les ha enviado un burofax para rescindir el contrato, ante el cual la empresa ha presentado alegaciones. Una posibilidad de una rescisión de contrato que fue negada ayer desde la Conselleria. Por último, el portavoz de la empresa indicó que si «se destraba el conflicto económico», la obra estará terminada en septiembre.
Por su parte, Llinàs aseguró que su postura será «atender al alumnado lo mejor posible» mediante la instalación de los barracones. Una solución que para la consellera Torres «es una improvisación» porque el instituto de Portmany ya está «masificado».
Derogarán el decreto del catalán en la sanidad
Por otra parte, cabe destacar que el Parlament aprobó ayer la moción presentada por el Partido Popular en política sanitaria que incluye entre otros puntos el reintegro de los servicios de neurocirugía y cirugía maxilofacial, ya sea a través de un convenio o en el propio hospital de Can Misses. Un servicio que en la actualidad sólo presta la Policlínica porque se rompió el concierto que había anteriormente con el IB-Salut. La moción fue con modificaciones incluidas por los otros grupos parlamentarios e incluye además el compromiso de «agotar todos los esfuerzos para cubrir las plantillas de especialistas» sobre todo, en Eivissa y Menorca, debido a que son las islas que padecen más faltas. Por último, cabe destacar que se aprobó por mayoría la petición de «derogar el decreto de imposición del catalán en la sanidad balear, que en la actualidad ha quedado en suspenso».