La situación irregular de los denominados 'núcleos rurales' podría estar en vías de solución. No será este martes dentro de la aprobación de la ley de sa Coma. Los afectados tendrán que esperar algo más, hasta que se apruebe la ley del suelo.
Así lo aseguró ayer el presidente del Consell, Xico Tarrés, en respuesta a las duras críticas formuladas poco antes por el presidente de la Asociación de Vecinos de Can Ramon Balanzat, José María Osuna, al considerar que el responsable insular «ignora a los vecinos» y que los partidos «se preocupan sólo de las grandes fortunas, no del pueblo».
«Lo de la ley de sa Coma es un cajón de sastre, un cambio de cromos en que sólo se beneficia a los poderosos y se fomenta la especulación», se lamentaba Osuna. Especialmente duro fue el líder vecinal con Tarrés, de quién dijo que «no nos atiende y, además, si quisiera podría lograr los votos para arreglar nuestra situación pero no está interesado». «Aquí, el único que ha estado a nuestro lado todo el tiempo es el conseller de Territori, Miquel Ramon, que desde el primer momento ha buscado una forma de arreglar las cosas, y el alcalde de Santa Eulària [municipio al que pertenece este núcleo cercano al hipódromo de Sant Rafel], Vicent Marí», defendió.
Aquí y en Mallorca
Ante estas acusaciones, Tarrés negó que no se haya atendido a estos vecinos («se tuvo una reunión con ellos y se les explicó los pasos que había que dar y hasta donde se podía llegar), y argumentó por qué este martes no se puede dar el visto a la regularización de estas zonas rurales.
«Como en Mallorca hay muchos núcleos de este tipo, no hemos podido incluir su regularización en la ley de sa Coma, centrada en Eivissa, pero tenemos el compromiso del Bloc para que vaya en la futura ley del suelo», explicó Tarrés. «De todas formas, nosotros [el Grupo Socialista en el Parlament], en la discusión del martes ya haremos una referencia a ellos; no a los vecinos de Can Ramon Balanzat concretamente, sino a todos los núcleos rurales que existen porque nuestra voluntad es solventarlo», añadió.
Todavía no hay una fecha concreta para la aprobación de la ley del suelo, pero Tarrés aseguró que en cuanto esté lista se podrá empezar el proceso. «De hecho, en el proyecto de Plan Territorial Insular (PTI) ya lo dejamos solventado para que, cuando se apruebe la ley del suelo, esté ya arreglado. Quiero decir a estos propietarios que no pasará mucho tiempo sin que su situación se resuelva», aseguró.
A este respecto, el presidente afirmó que el PTI lo que hace es reconocer la existencia de una situación y «será el Ayuntamiento el que diga que cumplen lo que tienen que cumplir». «Nosotros lo único que hacemos es contemplarlos como una realidad existente, que no se trata de casas que han caído del cielo, que están allí, que deben legalizarse en todos los sentidos y que se trata de núcleos rurales pero con características de urbanos».
La cuestión de la regularización de los núcleos rurales de la Isla podría haber sido incluida en la votación de la ley de sa Coma que tendrá lugar pasado mañana en el Parlament. El Partido Popular había presentado una moción con la que pretendía poner fin a la situación de desamparo y falta de cobertura de estas agrupaciones de viviendas levantadas en suelo rústico desde hace años y que carecen de algunos servicios básicos.
A pesar de que los populares sí que alcanzaron un acuerdo con UM para la legalilazación de los espacios urbanizables de Platja d'en Bossa, Cala Tarida y también de ses Variades, el acuerdo no se hizo extensivo a estas pequeñas urbanizaciones
40 núcleos, 800 casas y alrededor de 3.000 vecinos
El problema de los núcleos rurales en Eivissa afectaría a casi 3.000 vecinos, según las cifras que maneja Osuna, quién añade que «por lo que hemos podido comprobar, hay unas 40 urbanizaciones en nuestra misma situación con una media de unas 20 viviendas», por lo que estaríamos hablando de unas 800 casas en situación irregular.
En su caso, el presidente de los vecinos asegura que «desde el año 2000 estamos haciendo las cosas que nos piden para arreglar nuestra situación; nos hemos gastado 20.000 euros en topografiar el terreno, estamos cotizando como viviendas urbanas, pagamos basuras, IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y cada vez nos piden algo nuevo». «Y estamos hablando de unos 45 vecinos que somos trabajadores, algunos de ellos incluso jubilados, que ya tenemos problemas para poder llegar a fin de mes», lamentó.