El Consell Consultiu de Balears ha reconocido en un dictamen emitido el 24 de septiembre que existen razones suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional el artículo 1 de la Ley 10/2010 del 27 de julio de medidas urgentes, conocida como Ley sa Coma, en lo referente a la ordenación del sistema general supramunicipal de equipamientos e infraestructuras de sa Coma, según informó ayer el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.
El Consistorio detalla en la nota que el órgano consultivo superior del archipiélago reconoce que «se ha vulnerado la autonomía local» en lo que respecta a la manera de intervenir el Consistorio en ese ámbito, como en lo referente a la cuestión fiscal, donde el dictamen señala que «se ha neutralizado la entrada de recursos financieros a favor del Ayuntamiento, y el Parlament no ha establecido ninguna compensación al respecto».
Intervención
La corporación municipal remarca que la Ley sa Coma «callaba» sobre la intervención del Consistorio a la hora de aprobar el Plan Especial, mientras que ahora establece que será preciso que se pida el correspondiente informe municipal.
En cuanto al Plan de usos provisionales, el dictamen se refiere al hecho de que los ayuntamientos afectados (Sant Antoni y Santa Eulària) son llamados a intervenir elaborando el correspondiente informe.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
Atendiendo a este dictamen, el Ayuntamiento de Sant Antoni informó de que ya está preparando un escrito para presentarlo ante el Tribunal Constitucional para plantear el conflicto, a no ser que el Parlament «dictara una ley que satisficiera las peticiones municipales, o el Govern aprobara una nueva redacción, mediante un decreto ley, y todo quedara solucionado».
El Consistorio expresó ayer su «satisfacción» por este dictamen, pese a que considera que era «previsible» que se le diera la razón, atendiendo a la «flagrante usurpación y la intromisión evidente» en sus «competencias» como municipio.