Auto del juez y escrito de acusación de la Fiscalía
El juez instructor del 'caso Maquillaje' ha decretado la apertura de juicio oral contra la ex presidenta del Parlament Maria Antònia Munar, el ex vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y otras ocho personas más, por una pieza separada de la causa, vinculada a las subvenciones supuestamente delictivas a diversas empresas audiovisuales, entre ellas Vídeo U y Studio Media, y programas radiofónicos en la pasada legislatura por un importe de 240.000 euros. El juez ha dictado el auto pocas horas después de que el Ministerio Público presentara el escrito de acusación, en el que solicita seis años de cárcel para Munar y Nadal.
Junto a Munar y Nadal, se sentarán en el banquillo Miguel Sard, Víctor Francisco García, Miguel Oliver, Luisa Almiñana, Ramón Cristóbal Rullan, Elisabeth Diéguez, Alfredo Conde y Margarita Sotomayor. Para todos ellos, el juez fija una fianza civil de 320.000 euros para «garantizar la devolución de lo malversado».
Concretamente, se acusa a Munar y Nadal de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público.
Concertación
Según el escrito del fiscal anticorrupción Juan Carrau, «los acusados, algunos de ellos funcionarios o cargos del Consell Insular de Mallorca y otros de ellos particulares, se concertaron para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos por valor de 240.000 euros a sociedades con las que tenían estrecha relación de propiedad, control o vinculación». Añade que «el plan de beneficiar a esas mercantiles particulares con los fondos públicos de los que tenían poder de disposición se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas».
Con ello, «evitaron la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener subvenciones», y, además, «con documentos oficiales esenciales en la tramitación administrativa de contenido absolutamente inveraz».
También, siempre según el fiscal, «presentaron documentación mercantil mendaz y simulada, así como certificaciones inveraces», y subraya: «El uso de facturas falsas se realizaba para que no se conociera el verdadero destino de los fondos recibidos y de este modo poder engañar a los servicios de intervención o control de la administración».
Asimismo, el «destino final de los fondos públicos que se entregaban era el de beneficiar a mercantiles próximas a miembros destacados del partido Unión Mallorquina». El fiscal también señala en su escrito, en relación a Vídeo U, que «a mediados de 2004, Miguel Nadal, tras consultar con Maria Antònia Munar, decidió, conjuntamente con ésta, adquirir y controlar la sociedad de trabajos audiovisuales Vídeo U, que poseía a su vez un 86,7% de Bahía Difusión-Palma TV».
«Con esta finalidad -subraya- buscaron el concurso de personas próximas a ellos para disfrazar su intervención en la sociedad y así poder ocultar que eran ellas las personas que ostentaban el control económico y el poder de decisión en dichas empresas. Para ello, Nadal solicitó los servicios de su gestor y amigo Miguel Sard, y Munar, los de Víctor Francisco García».
Anticorrupción insiste en que a través de Sard y García, «se articuló la compra del 50% de las participaciones sociales de Vídeo U, participaciones que fueron adquiridas por un precio de 300.000 euros en efectivo que Maria Antònia Munar facilitó a Miquel Nadal.
«Los imputados Munar y Nadal tenían pleno conocimiento de la incompatibilidad legal, de ahí que buscaran forma (uso de testaferros) que ocultara su verdedadera participación en la sociedad», subraya el escrito.
Subvenciones
El fiscal también vincula a la ex presidenta del Parlament y al ex vicepresidente del Consell de Mallorca en dos subvenciones otorgadas al programa Temps d'Esports a través de Vídeo U. «Intervinieron de manera arbitraria e ilegal, otorgándole fondos públicos sin justificación o motivo alguno alguno», señala el escrito de acusación.
A la espera de que los imputados presenten los recursos contra el auto de apertura de juicio oral, el juez declara competente a la Audiencia de Palma como órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa. Esta es la segunda pieza separada del 'caso Maquillaje', cuya investigación partió a raíz del 'caso Son Oms', que avanza hasta la fase de apertura de juicio oral, tras la denominada Elements de Patrimoni, en el que están acusados formalmente Bartomeu Vicens, Alfredo Conde, Elizabeth Diéguez y Joan Josep Mas.