El Consell d'Eivissa prevé reunir a finales de esta misma semana la primera reunión de la mesa encargada de impulsar la regularización de plazas turísticas ilegales así como la reconversión de establecimientos turísticos, según se establece en la ley 4/2010 del 16 de junio de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears, según confirmó el conseller de Política Empresarial i d'Activitats, Joan Serra Mayans.
En esta línea, el conseller destacó el «gran interés» por parte del empresariado no sólo de legalizar las camas irregulares sino también para incrementar las categorías de sus negocios: «Hay una serie de establecimientos que por diferentes circunstancias no lo podían hacer y ahora se quieren acoger a la nueva normativa para subir de categoría», indicó. Por ello, el conseller calificó la normativa balear de ser una buena herramienta para «ofrecer un buen servicio» y, tal y como establece la misma ley, «apoyar a la industria turística para que actúe de motor que dinamice la economía y facilite una salida rápida de la crisis y la conveniencia de aprovechar la situación para potenciar la regularización y la mejora de los establecimientos».
De hecho, Joan Serra Mayans apuntó que desde el inicio de su mandato instó a crear un plan de instrucción para conocer el número de camas fuera de ordenación y controlarlas. Así, estima que en Eivissa pueden existir unas 8.000 plazas ilegales, «ya que son las bajas existentes desde que hay normativa turística», lo que supone aproximadamente un 10% del total de la oferta de alojamiento. Aún así, resaltó que no espera que se lleguen a legalizar todas ya que, según explicó, algunas continuarán fuera del sistema de la comercialización.
El conseller también apuntó que la irregularidad más repetida en la existencia de plazas ilegales es la venta de las plazas, que en un principio estaban destinadas al personal de los establecimientos: «Esta es la situación más común y es una auténtica ilegalidad», concluyó.
Reinvertir en futuros proyectos
Desde el Consell ya se informó que la legalización de las plazas irregulares tendrá el mismo coste que en el resto de Islas: 4.000 euros. Con los ingresos que la máxima institución pueda obtener de esta tramitación, se prevé que se invierta en la primera fase del Plan de Remodelación de Platja d'en Bossa, según apuntó el conseller. Y es que la ley establece que se reinvierta en el mismo ámbito. Asimismo, la normativa establece que la selección y proyectos elegidos deberán ser elegidos mediante un informe donde se haga referencia a la viabilidad técnica y económica.