El juez Francisco Pérez ha dictado esta madrugada prisión provisional eludible con una fianza de 300.000 euros para la exconcejal de Unió Mallorquina (UM) del Ayuntamiento de Palma Cristina Cerdó y de 100.000 euros para su "número 2" en la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés.
En ambos casos, el magistrado al frente del juzgado de instrucción número 12 de Palma, en funciones de guardia, ha fijado las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción tras una larga jornada de declaraciones.
Además, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán han pedido una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a UM en el marco de la "operación Picnic", sobre la que el juez no se ha pronunciado y que no se decidirá hoy, según han informado fuentes judiciales.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó anoche sendas fianzas de 300.000 y 100.000 euros para la ex presidenta de Emaya Cristina Cerdó y la ex coordinadora de Medi Ambient en Cort Paula Cortés, mientras que el ex conseller d'Esports i Joventut Mateu Cañellas quedaba en libertad con cargos y sin fianza.
La 'operación Picnic' investiga una supuesta trama de contratación de personas a través de organismos del Ajuntament de Palma que, según las pesquisas, trabajaban para UM.
Cerdó y Cortés fueron conducidas hasta los calabozos de Vía Alemania esposadas y a bordo de un furgón policial tras pasar la noche en las celdas de la Policía Nacional.
La ex presidenta de Emaya se había presentado en la sede de la policía cerca de las dos de la madrugada del lunes, acompañada por sus abogados, Àngel Aragón y Juan Piña. Acudió a la cita con los fiscales directamente desde el aeropuerto de Palma, ya que estaba de viaje, según las fuentes consultadas por este diario. Cerdó fue la primera imputada en prestar declaración ante el juez.
Negó de manera terminante los indicios incriminatorios que la vinculan a la causa, aunque apuntó directamente al ex conseller d'Esports y Joventut Mateu Cañellas al afirmar que había seguido sus directrices en la contratación de personas afines a UM y que son objeto de investigación.
En segundo término declaró Paula Cortés, defendida por el letrado José María Valadés, quien se ratificó en la extensa declaración que la noche anterior había realizado ante el ministerio público y la policía, según fuentes próximas a la causa, que se está investigando bajo secreto. La ex coordinadora de Medi Ambient de Cort había permanecido tres días en las celdas policiales y ayer se agotaba el plazo máximo de detención.
En plena declaración de Cerdó y Cortés, llegó al juzgado de guardia en calidad de detenido y escoltado por dos policías el ex conseller d'Esports Mateu Cañellas, quien compareció ante el juez por la tarde como imputado. Cañellas, defendido por el abogado Antonio Martínez, no iba esposado cuando fue puesto a disposición judicial tras la declaración realizada por Cerdó. Cañellas quedó en libertad con cargos ya que los fiscales no pidieron ninguna medida cautelar para él.
Más imputados
También por la tarde, hicieron acto de presencia más imputados citados por el juez. Miguel Arbona, propietario de la empresas de autocares de Sóller que trasladaba a los excursionistas invitados por UM, y Rosa María Llinás, funcionaria de Cort, José Llop y Antonio Quetglas cerraron el turno de declaraciones. Llinás fue la funcionaria que, presuntamente, junto a Llop, firmó el decreto de Cort por el cual se adjudicó a Arbona el concurso para trasladar a los excursionistas, y que según los fiscales, está plagado de irregularidades. Tras la declaración, el juez decretó el archivo de la causa para ambos. El último en comparecer fue Arbona, quien explicó al juez que se limitó a ofrecer el servicio de transporte que le habían encargado.
Fianza civil millonaria para UM
El Ministerio Fiscal solicitó también durante la madrugada una fianza de 1,6 millones de euros para la formación nacionalista en concepto de responsabilidad civil. Es decir, el fiscal cuantifica en 1,2 millones la cantidad supuestamente defraudada en la denomianda 'operación Pícnic' y le suma un tercio. Horas antes, Josep Melià, presidente del partido, y Joan Monjo, secretario general, fueron citados por el juez de guardia. En una vistilla les fue comunicada la millonaria petición de la Fiscalia.