Poco a poco se van desvelando las intenciones del Govern en relación con la reestructuración del sector público de la Comunitat Autònoma, unos planes que -tal y como anunció el pasado miércoles el president del Govern, José Ramón Bauzá- tienen por objetivo principal reducir y optimizar el entramado de empresas públicas. Estas intenciones se deben traducir en un ahorro anual de 115 millones de euros anuales.
La estrategia diseñada por la Oficina de Control Presupuestario que dirige Joaquín García se basa, principalmente, en la eliminación de numerosas empresas y consorcios, la mayoría ya inactivos desde hace años. Además, mediante la fusión de organismos se pretende eliminar alrededor de 800 puestos de trabajo de los 3.500 existentes en la actualidad. El propio García reconocía que estos despidos sólo representan 30 millones de pesetas.
Menos estudios
El análisis pormenorizado de las tareas que realizan algunos de los organismos que se quieren redimensionar -se quiere unificarParcBit, Bitel, Cidtur, Fundació IBI y el IDI- ha permitido determinar que en la mayoría de los casos se limitaban a redactar informes y estudios, algunos de ellos de escasa trascendencia. Todo indica que no seguirá habiendo encargos de estas características.
El otro capítulo en el que la Oficina de Control Presupuestario quiere imponer una reducción importante de costes es el de las sedes.
Aunque todavía no se quieren facilitar datos concretos, la concentración de departamentos en una única sede general es otra de las medidas de ahorro en las que se está trabajando. Ello supondrá dejar muchos de los inmuebles que se ocupan en la actualidad en régimen de alquiler. En esta línea es probable que el Institut d'Estudis Baleàrics se traslade a las oficinas que ocupa en la actualidad el COFUC en el mismo edificio de la Conselleria d'Educació.
Esta misma premisa está previsto aplicar en la gestión inmobiliaria del resto de empresas, fundaciones y consorcios que 'sobreviven' al recorte del sector público dependiente de la Comunitat Autònoma.
Algunos responsables de los planes del Govern han admitido que «todavía existe demasiada indefinición» respecto al procedimiento que se seguirá con los recortes anunciados, así como las consecuencias directas que tendrá en la organización y funciones de los nuevos departamentos que surgirán y que tienen que estar operativos el próximo mes de enero.
Riera: «Es necesario un proceso de corrección»
Antoni Riera, presidente del Centre de Recerca Econòmica (CRE) opinó ayer acerca de los recortes aplicados por el gobierno de Bauzá respecto a la supresión de 93 empresa públicas. «El CRE está a favor de un proceso de corrección siempre y cuando venga seguido de una transformación. En caso contrario, se dará aire a la economía a corto plazo pero no conseguiremos nada en un período más largo».
Riera añadió que «en Balears es necesario un ajuste, ya que las ineficiencias del sistema económico regional se basan en la propia administración y no tanto en los trabajadores. Es muy importante que la administración aplique criterios de eficiencia para que esto se traduzca en la eficacia del sistema productivo».
Acerca del número de empresas suprimidas, el presidente del CRE argumentó que «no sé si sobran 93 o 170 porque no tengo tanto conocimiento de la administración, pero lo que está claro es que sobran. Se ponen de manifiesto muchas ineficiencias y seguramente están en aquella parte del sector público menos sujeta a control. Esa parte es la empresa pública».