La nueva depuradora de Vila va de camino a convertirse en un proyecto de futuro incierto. Su construcción costará unos 20 millones de euros que no formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2012.
Así lo aseguró ayer el conseller balear de Medi Ambient, Biel Company, durante el pleno del Parlament. «Con sinceridad creo que nos quedan un par de años por delante para tener la depuradora», afirmó el conseller, que aún así, destacó que seguirá «reclamando que se aceleren los procesos» para su construcción.
Company explicó que la nueva planta aún depende de una larga tramitación, que se se inició a finales de 2010, cuando el Ministerio de Medio Ambiente empezó la licitación de la redacción de los anteproyectos de la nueva depuradora y de los colectores. «Son dos anteproyectos y parece un poco extraño porque nunca se había hecho así. El anteproyecto de la depuradora acaba en diciembre y de los colectores, a mediados de 2012. Cuando ya se tengan se pasará a la tramitación ambiental del Ministerio y del Govern, que procuraremos que sea lo más pronto posible y con todos los preceptos legales», agregó.
Pregunta del PP
Asimismo, el conseller destacó que una vez superado estos trámites, se pasará a la redacción del proyecto y la construcción de la nueva planta.
Company, que recordó que «desde hace años se está intentando construir una nueva depuradora», realizó estas declaraciones en respuesta a la pregunta de la diputada del grupo parlamentario popular Virtudes Marí, acerca de cómo se encuentra el proyecto de la nueva depuradora de Sa Coma.
«Estamos preocupados porque si tiramos de hemoroteca parece que estaba a punto de comenzar las obras pero mirando el boletín oficial de los últimos meses vemos que está a punto de redactarse el anteproyecto», dijo Marí, que se interesó por el estado actual de este proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente.
Cabe recordar que Company ya había asegurado en una visita a la Isla que la financiación de la infraestructura estaba en «entredicho» por la crisis económica que sacude a las instituciones. Ayer, con estas declaraciones, confirmó que de momento no hay fondos para la construcción de esta planta, reclamada desde hace años tanto por el Consell como por el Ayuntamiento de Eivissa.
El Govern, a la «expectativa» del Pacte pel Territori para decidir sobre las zonas protegidas
El conseller de Medi Ambient, Biel Company, aseguró ayer que está a la «expectativa» de lo que decidan «todas las fuerzas políticas que están negociando los asuntos territoriales», a través del Pacte pel Territori, para determinar el futuro de las zonas protegidas de Eivissa. Así respondió a la pregunta del conseller socialista, Jaume Carbonero, que quiso conocer los motivos del Govern «para estudiar la derogación del decreto ley 1/2007 y la ley 4/2008 que afectan a diez espacios naturales con una superficie aproximada de 1.500 hectáreas», y que en concreto, en la Isla, protegen ses Feixes, en el caso del decreto ley 1/2007, así como Roca Llisa, Punta Pedrera y Benirràs, en lo que se refiere a la ley 4/2008. Carbonero hizo ayer esta pregunta en relación a las intenciones de derogar ambas leyes porque desde el Govern se quiere evitar las indemnizaciones que solicitan los promotores y que en el caso de ses Feixes ascienden a 32 millones de euros, Roca Llisa, 170 millones; Punta Pedrera, 85 millones y Benirràs, 48 millones. Asimismo, Carbonero aseguró que las cifras «están infladas» y puso como ejemplo el caso de ses Fontanelles, en Mallorca, cuyos promotores pedían una indemnización de 215 millones. «El dictámen del Consell Consultiu concluye que pertoca desestimar la reclamación, y en un informe preceptivo y vinculante», destacó.
Por su parte, el conseller destacó que el decreto de ley 1/2007 «suspende normativa» pero no puede ser indefinido y que «los temas de Eivissa que son los únicos que quedan en esta norma», por lo que esperan la respuesta del Consell. En cuanto a la ley 4/2008 destacó que «es una ley muy compleja, tanto que la han modificado dos veces». «Lo que debemos hacer ayudar a los ayuntamientos a dar seguridad jurídica y confianza, por eso estamos estudiando todas las normativas del anterior gobierno», concluyó.