El Defensor del Paciente pide a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga ante la «cacicada» en la que, a su parecer, incurre el Govern balear al permitir que las mujeres que quieran abortar tengan que adelantar el pago de la intervención cuando sean operadas en una clínica privada.
En una misiva enviada a la ministra, el Defensor del Paciente acusa de «esperpéntico» al Govern por pretender justificar esta decisión para evitar «el fraude» a la administración pública. En este sentido, acusa al Ejecutivo de José Ramón Bauzá de querer «esconder las verdaderas razones» que, a su juicio, «no son otras que la ideología política».
El Defensor del Paciente recalca, además, que el derecho al aborto es «infranqueable», según queda recogido en la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que «no se recoge el pago anticipado del paciente».
Cabe señalar que el artículo 19 de la citada ley señala que la prestación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Asimismo, añade que «si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación».
Por otra parte, el Defensor del Paciente se pregunta qué pasará con las mujeres que no tengan medios económicos para sufragar el coste de la intervención. «Esto es asumir mucha responsabilidad para un gobierno que no parece pensar lo que hace», lamenta.
En opinión del Defensor del Paciente, el Govern balear está haciendo un «abuso de poder» para aplicar «una forma de gobernar retrógrada e injusta». Asimismo, recuerda que los supuestos para abortar «no son un capricho» y tacha de «memez» la «excusa» de que esta medida pretende evitar el «fraude».
Una medida «indecente»
La secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, calificó ayer de «indecente» la decisión del IB-Salut de que las mujeres que vayan de abortar en clínicas privadas tengan que adelantar el pago de la intervención hasta que el servicio público se lo reembolse. Cano lamenta la «indefensión» en la que se encuentran las mujeres tras esta decisión del Govern , al tiempo que asegura que «el PP está maltratando a las mujeres más vulnerables» ya que primero se las obligará a pasar «por caja» y después se les devolverá el dinero.