La auditoría económica que debía evaluar el estado de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Eivissa no se llevará a cabo, de momento. Fue una de las principales y reiteradas promesas de la alcaldesa popular Marienna Sánchez-Jáuregui en campaña electoral e iba a ser su primera acción de gobierno. Sin embargo, diez meses después de que el PP se hiciera con el Consistorio, «las prioridades son otras».
Con estas palabras, el concejal de Hacienda, Juan Daura, comunicó que este anuncio electoral se retrasa hasta nuevo aviso. Según aseguró, si bien en su «opinión particular» esta inspección «es necesaria» y finalmente «se hará», su elaboración se atrasará hasta que el Consistorio lo crea oportuno. «La prioridad ha sido poner al día las facturas de proveedores y el siguiente paso es el plan de estabilidad para hacer frente a ello. No es que no lo veamos necesario pero, de momento, estas son las prioridades», destacó el edil.
Cabe recordar que el pasado verano, el propio Daura estudiaba ofertas para contratar una auditoría externa a fin de que la inspección no la hicieran los funcionarios de la casa, porque, según señaló entonces, «sería rendir cuentas de lo que hicieron ellos mismos». Los presupuestos que se estudiaban rondaban los 20.000 euros para que no tuvieran que salir a concurso público.
Sin embargo, hasta el momento, el PP de Vila solo cumplió con una de sus advertencias de inspección a las cuentas de la anterior legislatura. Fue la auditoría de la empresa mixta Itusa que, según las conclusiones que dio a conocer el equipo de gobierno, el proyecto Eivissa Centre, a causa de «actuaciones irregulares», tuvo un coste para las arcas municipales de 18 millones de euros cuando el Ayuntamiento iba a gastarse cero euros.
Al respecto, el anterior equipo de gobierno, ahora grupo de la oposición PSOE-Pacte, acusa Vila de «falta de transparencia» porque hace más de un mes solicitó este documento y aún no le fue entregado cuando la ley obliga a permitir su consulta pasados cinco días de la petición.
Por otra parte, la otra auditoría que el PP de Vila sí prevé realizar es la inspección a la empresa pública Imvisa, creada en la anterior legislatura para construir y vender Viviendas de Protección Oficial (ver apunte). Un examen que el Consistorio estudia encargar a la misma empresa auditora de Itusa, la consultoría madrileña Arnaudit S.L.P, cuya inspección sobre Itusa costó 21.000 euros a las arcas municipales.
EL APUNTE
Las VPO de Can Cantó siguen sin fecha de entrega
Las 17 VPO de Can Cantó que están terminadas desde hace siete meses y adjudicadas a sus propietarios siguen sin fecha de entrega, y las 13 restantes continúan sin tener compradores. Así lo confirmó el concejal de Hacienda, Juan Daura, quien reconoció que los propietarios «llevan tiempo esperando». «Las que están adjudicadas vamos a entregarlas inmediatamente. Estamos terminando los papeles. A ver si lo podemos hacer pronto y hacernos la foto que es lo más bonito», destacó el edil quien, por otra parte, señaló que no corren la misma suerte las trece viviendas restantes de la promoción.
En este sentido, Daura recordó que decidió terminar el convenio de colaboración con el Institut balear de l'Habitatge (Ibavi) encargado de las adjudicaciones. De esta forma, sin el Ibavi de por medio, Vila puede rebajar las exigencias y también los precios. Al respecto, el concejal explicó que el proceso «lleva una tramitación farragosa» ya que el Ibavi acaba de renunciar a su contrato con Ayuntamiento, que ahora sí podrá sacar a la venta los pisos por su cuenta.