«Nosotros pagábamos a 30 y 60 días, el que no paga es el señor Daura. No ha pagado ni una sola factura desde que ha entrado al Ayuntamiento». Con estas palabras, la portavoz de PSOE-Pacte de Vila, Lurdes Costa, acusó ayer al actual equipo de gobierno del PP de no hacer frente a las obligaciones que tiene con los proveedores ya que, según expuso Costa, «la inmensa mayoría» de las facturas pendientes de pago pertenecen al cuarto trimestre de 2011, periodo en el que ya gobernaba el Partido Popular.
Lurdes Costa, y el también concejal de PSOE-Pacte Alfonso Molina, comparecieron ayer para denunciar que del total de 1.294 facturas por 5,58 millones que Vila enviará al Ministerio de Hacienda para acogerse al crédito de financiación para pago a los proveedores, «un 98,3 corresponden al año 2011, y mayoritariamente, al último trimestre del año, por lo tanto, gestión del PP», indicó la portavoz.
Según se quejó Molina, casi todas las facturas que se enviarán a Madrid corresponden al gasto corriente del Consistorio, una deuda que a 31 de diciembre Vila tenía dinero para pagar ya que cerró el ejercicio «con un arqueo de caja de 6,3 millones de euros» y con «activos a corto plazo» ya sea desde el Consell, que le debe 1,3 millones de euros, o del Govern, que adeuda 1,17 millones. «A 31 de diciembre el saldo es superior al total de la facturas pendientes de pago que se van a enviar a Madrid ¿Hace falta que el Ayuntamiento se endeude a diez años para pagar su gasto corriente?, pues pensamos que no», destacó el concejal, para quien esta operación de crédito «hipoteca el futuro» del Ayuntamiento.
Para Molina, la deuda actual con proveedores «es anecdótica y estadísticamente sería la normal». En este sentido, explicó que Vila destina 21 millones al año para gasto corriente, que dividido en cuatro trimestres arroja un resultado de «5,4 millones». «Y lo que nos encontramos son las facturas del cuarto trimeste. Las facturas de agua, luz, teléfono, de proveedores que suministran a bienestar social, etc», insistió.
También criticó que Daura dijera que había facturas antiguas de 2005 y 2006 cuando «hay una factura de 2005 por 221,76 euros, dos facturas de 2007 por valor de 240,8 euros y una factura de 2008 por valor de 580 euros». «Son cuatro facturas pendientes que habrían tenido algún problema, porque a veces ocurre que hay un servicio que no se hizo como estaba previsto o se presenta algún problema en cuanto a la formalización de la factura. No creo que nadie tenga dudas de que el Ayuntamiento tenía 221 euros para pagar una factura del 2005», señaló el concejal.
En total, según Molina, la deuda con proveedores anterior a 2011 asciende a 95.206 euros y se corresponde «a expedientes que por algún motivo no están completados». «Tampoco es para decir que hay una deuda histórica y que las facturas rebosan los cajones, cosa que hay gente que disfruta diciéndolas», agregó.
Por todo ello, Costa afirmó que «el PP miente a los ciudadanos a conciencia, con toda su mala fe y con la intención de desprestigiar al anterior gobierno y a la institución», a la vez que está haciendo una «utilización errónea» del decreto con el que el Gobierno central quiere dar crédito de pago a los proveedores.
Según acusó, los populares utilizan el argumento «de que no hay dinero para encubrir la paralización del Ayuntamiento» cuando tiene «ocho millones en el cajón y no sabe qué hacer con ellos». En este sentido, señaló que el plan de ajuste que debe acompañar a la solicitud del crédito para pagar facturas, en Vila, no tiene ningún sentido.
Según Vila, el remamente se utilizó para pagar los sueldos
El equipo de gobierno aseguró ayer mediante su gabinete de prensa, que los 6,3 millones de arqueo de caja se destinaron al pago de las nóminas y la seguridad social, que «es la prioridad», destacó.
Según detalló, cuando el nuevo gobierno llegó a Vila en junio «se encontró con una deuda de siete millones a proveedores y una deuda financiera de 24,3 millones» y tuvo que hacer pagos «comprometidos» por el anterior gobierno. «En septiembre se tuvieron que pagar 400.000 euros de la expropiación de la plaza de toros, 70.000 por la pista de padel de Es Viver, 35.000 euros de la exposición que declaró ilegal la junta electoral, 41.000 euros de un proyecto del tanatorio, otros 45.000 euros de un proyecto del centro de aguas de Can Misses, 12.000 euros para establecer el uso, entre otros muchos», detallaron desde Vila.