El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido el recurso de los sindicatos contra los servicios mínimos dictados por el Govern para la huelga general del jueves, que quedan en suspenso cautelarmente hasta que mañana los magistrados se pronuncien de forma definitiva.
Los servicios mínimos afectados por esta resolución judicial son los relativos a educación y al transporte discreccional, según fuentes de UGT.
CCOO y UGT habían pedido a la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la suspensión parcial de los servicios mínimos dictados por el Govern para la huelga general del jueves.
En el escrito, los sindicatos calificaban de abusivos los servicios mínimos dictados por el Ejecutivo balear ya que «pretenden desbaratar la medida constitucional del ejercicio de huelga y mantener la normalidad en Baleares con la finalidad de deslegitimar los efectos de la huelga general».
El recurso se dirigió contra el acuerdo del Consell de Govern del pasado viernes por el que se establecen los servicios mínimos en Baleares para la huelga general
En concreto, UGT y CCOO reclamaban una medida «cautelarísima» sobre los servicios mínimos de comedores, conserjería y transporte escolar, y el 60% del transporte discrecional con una flota de 160 vehículos, al considerar que no son servicios esenciales.
La sala de lo contencioso administrativa del TSJB debe resolver esta cuestión definitivamente antes de la jornada de huelga que comienza a las 00.00 horas del día 29 de marzo. De hecho, ha citado a las partes para mañana a las 9:30 para resolver posteriormente si mantiene la suspensión o la levanta.
Según los sindicatos, ni el comedor ni el transporte escolar ni los servicios de conserjes en centros de secundaria se pueden considerar «servicios esenciales» para la Comunidad, a no ser que la intención de la Administración sea aparentar una normalidad plena y coartar el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga.
En cuanto al transporte discrecional, UGT y CCOO han considerado la situación planteada por el Govern «excepcionalmente abusiva porque la patronal del sector podrá disponer de una flota más que suficiente para trasladar el cien por cien de los posibles usuarios».