El director de la Oficina de control presupuestario, Joaquín García, informó ayer de que la mitad del personal que actualmente hay en las empresas públicas o entes instrumentales de la comunidad se encuentra en una «situación irregular» porque han «entrado de forma desordenada».
García, a quien el president balear encargó que reordenara las empresas públicas y aplicara los recortes necesarios, aportó este dato durante su comparecencia ante una comisión del Parlament que reclamó su presencia para examinar su idoneidad para el cargo y diera detalles de su gestión.
El ‘recortador’ del Govern, después de su comparecencia (que fue seguida por otras tres de otros tantos altos cargos), dijo que, actualmente, eran 3.100 personas las que trabajaban en las empresas y organismos públicos y que, desde que llegó al cargo, se había despedido a «unas cuatrocientas», en su mayoría eventuales.
Precisamente, en eso reside la «irregularidad» a la que se refirió García: a que en el sector público trabajaban muchas personas eventuales que habían ido encadenando contrataciones al margen de lo que marca la ley. Lo habitual, en el sector público, es entrar mediante oposición y que el personal interino o eventual sea la excepción. El director de la oficina de control presupuestario no aclaró desde cuando existe esa irregularidad. Lo que sí dejó claro es que la criba continuará en los próximas semanas hasta llegar al objetivo de despedir a 800 personas.
Preguntas y frases
Joaquín García, igual que el resto de comparecientes (la directora del Institut de la Dona, Manuela Messeguer; el gerente de SFM, José Ramón Orta y el director de la Fundació Balears Sostenible, Jorge Campos) detalló ante la Cámara cuál era su currículum y luego se sometió a preguntas de los grupos parlamentarios.