Los servicios técnicos de Sant Antoni presentaron nuevas alegaciones contra el proyecto de Llei de Funció Pública sin el apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular. El secretario de la Corporación, Ángel Navarro, y los servicios de Normalització Lingüística enviaron más objeciones al proyecto de ley que prevé que el catalán deje de ser un requisito en la administración pública y pase a ser un mérito. También adjuntaron un informe jurídico que asegura que este cambio en la política lingüísitca es «manifiestamente ilegal, antiestatutario e inconstitucional» y que «vulnera, socava y hace inasumibles los principios de la Carta Europea de les Llenguas», según publicó ayer el Eivissa Confidencial y pudo constatar este periódico.
Visto bueno
El informe tiene fecha de registro de entrada en el Parlament balear el pasado 30 de abril y tiene el visto de la junta de Gobierno de Sant Antoni y de la alcaldesa Pepita Gutiérrez.
Sin embargo, la concejala de Cultura, Sara Ramón, quiso dejar claro ayer que estas alegaciones «no tienen el apoyo del equipo de gobierno», que tiene que «ser coherente» con su propuesta electoral de modificar la Llei de Funció Pública.
«Desde el equipo de gobierno no hemos presentado ninguna alegación más. Nos mantenemos en las que presentamos con el Consell y mantenemos la postura inicial, con la propuesta electoral que teníamos. Sí que por parte de los servicios técnicos se presentaron unas alegaciones que son más jurídicas que lingüísticas, pero no tienen el soporte del equipo de gobierno», aseguró Ramón.
La concejala afirmó también que el PP de Sant Antoni solo apoya las alegaciones presentadas en conjunto por todas las instituciones de la Isla el pasado mes de enero, y que piden que no se puedan castellanizar los topónimos y que a los funcionarios de atención al público se les requiera el catalán para acceder a su puesto. En estas objeciones insisten también los técnicos a través de su informe ya que no fueron tenidas en cuenta por el Govern balear.
Aún así, Ramón insistió en que Sant Antoni «no respalda» las nuevas alegaciones, sino que «simplemente» las hace llegar al Parlament. «Ellos [los técnicos] tienen sus ideas, que son muy respetables, pero nosotros nos mantenemos en las nuestras», concluyó.