El juez José Castro ha iniciado hoy una nueva ronda de interrogatorios en la causa por el supuesto desvío de fondos del Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín, en la que tomará declaración a 62 testigos, así como al empresario catalán Joaquim Boixareu, que declarará este mediodía como imputado.
Como ya hiciera el pasado mes de abril en otra ronda de interrogatorios en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se ha desplazado a la capital catalana junto con el fiscal Pedro Horrach para llevar a cabo los interrogatorios, que se prolongarán hasta el viernes día 29 al mediodía.
En el marco del «caso Palma», el juez Castro investiga el supuesto desvío de dinero de los Gobiernos balear y valenciano al Instituto Nóos cuando lo presidía Iñaki Urdangarin.
Tras su llegada a la ciudad judicial, Castro y Horrach han accedido hacia las 09.40 horas a la sala de vistas habilitada para llevar a cabo los interrogatorios.
Uno de los primeros en llegar, hacia las 09.20 horas, ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives.
El imputado Joaquim Boixareu, que está previsto que declare como imputado a partir de las 13.15 horas del mediodía, es amigo del duque de Palma y constituyó en 2006 la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, una de las entidades en las que participó el propio Iñaki Urdangarin.
Castro también tomará declaración hoy a Ignasi de Juan Creix Bretón, que formó parte de la dirección del Instituto Nóos, y al exconseller de Universidades Manuel Balcells, que estuvo menos de un mes en el cargo durante la etapa final del gobierno tripartito de Pasqual Maragall.
Por contra, finalmente no comparecerán como testigos, pese a que inicialmente estaban convocados, la editora Carmen Balcells, a la que no se ha podido citar correctamente, ni Olga Cuquerella, hermana de la secretaria personal de Urdangarin, que reside en Madrid.
Hasta el próximo viernes también se prevé que comparezcan ante el juez como testigos varios trabajadores contratados por Nóos, empleados del servicio doméstico de Urdangarin y el director general de salud pública de la Generalitat, Antoni Plasencia, entre otros.