Institut d'Estudis Eivissencs, GEN y Amics de la Terra denunciaron ayer en rueda de prensa el articulado de una disposición adicional del anteproyecto de la Ley de Costas donde se indica que si los terrenos «hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables». En la anterior normativa, las zonas inundables eran de domino público, afectación que ahora con el anteproyecto de la Ley de Costas se elimina.
Este apartado de la normativa conlleva la «usurpación de los bienes públicos y regalarlos a empresarios afines al partido que gobierna», denunció Neus Prats, integrante del GEN. Para Prats, esto es un caso de «connivencia incestuosa entre el poder empresarial y el poder político». «El hecho de que se elimine el dominio público de lo estanques de ses Salines comporta además que la servidumbre de protección que hay a partir de los cien metros de los estanques también quede eliminada», explicó Neus Prats.
Para Hazel Morgan, de Amics de la Terra, esta disposición adicional está hecha «a medida para Salinera Española y para otras empresas que tienen intereses; es totalmente anticonstitucional, hecha a medida, arbitraria y no es tolerable porque todos hemos luchado mucho para que ses Salines fueran de domino público».
Con el apartado cinco de la disposición primera, el Estado dejará de cobrar el canon de ocupación, «que por lo menos revertía un mínimo de beneficio en las arcas públicas». «Por lo tanto, ahora seremos más pobres, no solo de titularidad pública, sino también ambientalmente, y nos encontramos con que nos usurpan lo que es nuestro y dejarán de pagar lo que les pertoca por ocuparlo», indicó Prats. Ante este redactado, que para los denunciantes va en contra de sentencias firmes del Tribunal Superior que abogaban por la protección de estas zonas y por la calificación de dominio público marítimo-terrestre, estamos frente a un caso «patéticamente triste y lamentable», calificó la representante del GEN.
Hay que conocer la historia para no meter la pata e ir diciendo lo progresista que es la Ley de Costas, cuando es un copia y pega (ampliado) de un proyecto de ley que FRANCO no pudo sacar adelante por la oposición de los jueces y diputados de entonces por ser confiscatoria. (BOCG 9 de febrero de 1968). El PSOE actualizó una ley facha y la disfrazó de ecológica consiguiendo lo que Franco no pudo conseguir, arrebatar las propiedades a sus legítimos dueños. Es penoso ver como gente que se llama de izquierdas está defendiendo una ley ideada por Franco. Hay que tener memoria histórica para todo, no sólo para lo que interesa.