«Órdenes de la alcaldesa». Ésta fue la explicación que recibieron los grupos políticos de Vila [PSOE-Pacte, Nova-A y ExC] cuando en la comisión informativa anterior al pleno del pasado jueves se retiró del orden del día la aprobación de las tarifas de explotación del Cetis, uno de los requisitos pendientes, junto a la prueba de operatividad, para que la estación de autobuses pueda entrar en funcionamiento.
La reunión se celebró el lunes 30 de julio y en la misma se presentó el informe de Intervención necesario para someter al pleno la aprobación de los precios que deberán pagar los transportistas por utilizar la instalación y que repercutirán en el coste de los billetes. Sin embargo, dos días después de la reunión, el miércoles 1 de agosto, la alcaldesa Mariena Sánchez-Jáuregui de Vila anunció su decisión de retrasar la aprobación de estas tarifas hasta septiembre debido a la sobrecarga de trabajo de la interventora que, aún así, según dijo Jáuregui, tenía el informe casi terminado.
Pero no, el informe estaba terminado y presentado con fecha de 25 de julio. Por eso, ayer la versión municipal cambió para reconocer que, si bien Jáuregui sabía que el estudio económico estaba hecho, el retraso se debe a que aún «no lo ha leído». «Para tomar la decisión pertinente tiene que leerlo con detenimiento», argumentó el portavoz municipal, que señaló que la alcaldesa también estudia organizar un pleno extraordinario en agosto para someter a aprobación las tarifas.
«Disconformidad»
La propuesta de tarifas que se iba a elevar a pleno desde la Concejalía de Economía y Hacienda era la misma que presentó el pasado 25 de junio la concesionaria de la estación, la Sociedad Gestora Cetis. A pesar de que Jáuregui ya anunció que intentará reducir aún más el precio, el teniente de alcalde Juan Daura firma la propuesta de acuerdo con las tarifas que presentó la concesionaria tras la última reducción: 5 euros por entrada y por salida de autobuses regulares, 8 euros para los discrecionales, y 0,05 euros por pasajero.
A esta propuesta le acompañaba el informe de Intervención que, si bien muestra su «disconformidad» en algún aspecto, no se pronuncia ni a favor ni en contra de las tarifas porque «el órgano competente» para aprobar o desaprobar estos precios «es el pleno», destaca.
Este periódico ha tenido acceso a una parte del informe. El mismo advierte de que la concesionaria propone como coste de capital (la retribución que recibirán los inversores) un 7% sobre el coste de inversión que asciende a 6.443.117 euros «lo que supone una cuantía anual de 225.500 euros». Según el escrito, «este coste se ha calculado en base a la inversión media de todo el periodo concesional, teniendo en cuenta la amortización del coste de la estación, aunque ésta no se haya repercutido en los gastos anteriores». Y al respecto destaca: «Esta intervención manifiesta su disconformidad con el concepto de gastos de capital, puesto que su