El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Serra, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, pidiendo que se replanteen los criterios del Real Decreto 16/2012 que deja sin atención sanitaria a los extranjeros que se encuentran en una situación irregular que entra en vigor a partir del 1 de septiembre.
Desde el Consell d'Eivissa precisaron ayer que no se trata de un rechazo frontal a este real decreto, sino que lo que piden una modificación o un replanteamiento del contenido. De hecho, en la carta, que tiene registro de salida de ayer, el presidente dice textualmente que «no reconocer esta atención sanitaria básica puede suponer consecuencias prácticas en términos de salud pública, en especial en la difusión de enfermedades infecto contagiosas potencialmente transmisibles y que, además, se habilite «la adecuada atención de aquellas personas con padecimientos graves».
De hecho, la Conselleria de Salut está estudiando cómo se va a aplicar este real decreto que excluye de las atención sanitaria pública a los inmigrantes en situación irregular, aunque otras comunidades ya se han pronunciado al respecto. «Se está trabajando para ver cómo se va a aplicar causando el menor impacto», dijo ayer un portavoz oficial de la Conselleria de Salut.
En esta misma misiva remitida a la titular de la cartera de Sanidad del gobierno de Rajoy, Serra reiteró una de las peticiones que hizo a la delegada del Gobierno en Balears, Teresa Palmer, en su primera visita a Eivissa la semana pasada, en la que pide que se mantengan las ayudas que reciben los familiares de niños con dependencia de grado 3.
Serra hace estas consideraciones a la ministra Ana Mato «en vista de las modificaciones que se están produciendo respecto al acceso a la Sanidad y a la Ley de Dependencias, motivadas por las indudables dificultades financieras de las arcas públicas pero que, en su diseño actual, pueden llegar a agravar algunas situaciones de forma que el perjuicio final supere los beneficios en términos de ahorro».
La exclusión de los sin papeles de la atención sanitaria pública ha provocado un gran rechazo en la sociedad civil.