El conseller de Salud, Antoni Mesquida, ha dicho que Baleares aplicará mañana la normativa estatal que deja sin tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular -entre 15.000 y 20.000 en las islas- pero ha afirmado: «Ninguna persona que lo necesite quedará sin asistencia sanitaria».
Mesquida ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el ejecutivo aplicará los dos decretos estatales, el de medidas urgentes para garantizar el sistema de salud y el que regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia
El Servicio Balear de Salud (Ib-Salut) ha definido los criterios de aplicación de ambos, con la intención de «generar el menor impacto social» posible y partiendo del principio de que nadie que lo necesite quedará sin atender. «A mí mientras sea conseller no se me morirá nadie por falta de asistencia», ha insistido.
El conseller ha explicado que en Baleares pueden quedarse sin tarjeta sanitaria entre 15.000 y 20.000 inmigrantes irregulares, aunque ha remarcado que es una estimación porque es difícil calcular las personas que están en situación ilegal. Ha detallado que «nadie quedará fuera en caso de la atención urgente», ni en hospitales ni en centros de salud, pero la prestación farmacéutica no está incluida.
La atención será gratuita en urgencias por enfermedad o accidente; en la asistencia al embarazo, parto y postparto; para todos los menores; casos de protección internacional (asilo político) y víctimas de trata de seres humanos con permanencia legal en España.
Para quienes estén excluidos de estos supuestos, «se cobrará a las personas, se hará una factura», ha dicho Mesquida, pero quienes provengan de países con los que España tenga algún convenio, se intentará cobrar a su país entre los que ha mencionado Marruecos, Túnez, Brasil, Chile y Perú.
Las embarazadas y menores de 18 años no van a tener tarjeta pero sí un número de acceso definitivo y tendrán profesionales asignados para ser atendidos, ha detallado Mesquida, que ha dicho que este número especial habilitará a los profesionales a hacerles recetas oficiales, con lo que pagarán el 40 %, «que es lo paga cualquier persona que sea trabajador en activo».
Las dos principales diferencias la aplicación de las medidas en Baleares serán que a los enfermos con patologías de declaración obligatoria (como las infecciosas) y enfermos mentales se les dará el medicamento desde el Ib-Salut y «no les va a costar nada la medicación"; y la creación de una comisión de estudio con miembros de Ib-Salut y de Salud Pública para estudiar casos particulares y de patologías determinadas.
Sobre las urgencias, ha detallado que no es cada persona la que debe evaluar si su patología es o no grave, sino los profesionales sanitarios y ha remarcado que «el diagnóstico no tiene nada que ver con lo posterior que sería emitir una factura». «Si una persona piensa que está peor de lo que luego a estado, yo pienso que es una urgencia y no afecta», ha insistido. Ha puntualizado que la gratuidad en el caso de las urgencias, incluye también los posibles ingresos hospitalarios que deriven de ella.
Ante un posible incremento de afluencia a los servicios de urgencias por parte de los inmigrantes, Mesquida ha señalado que no se ha habilitado ningún refuerzo especial porque no cree que ocurra.
Ha explicado que cuando él era médico en atención primaria, hace 8 o 9 años, los inmigrantes eran los que menos cogían cita. «Venían casi siempre por urgencias. No creo necesario un dispositivo especial si ya están acostumbrados a eso», ha declarado.
Mesquida ha dicho que le parece «bien» que 91 profesionales sanitarios se hayan declarado objetores y no vayan a aplicar estas medidas. «Habrá quien no la ha hecho y estará pensando lo mismo. Lo mejor de ser medico es poder restituir la salud de las personas. Me parece bien», ha zanjado.
Sobre la casuística particular, Mesquida ha anunciado que se informará a los profesionales sanitarios de cómo actuar en casos concretos y hoy mismo se colgarán indicaciones al respecto en la página web del Govern.