Altos cargos del Partido Popular, entre ellos el president del Parlament, Pere Rotger y alcaldes y ediles de diversos municipios, quieren que se revise el ´código ético' del partido que obliga a los imputados en causas judiciales a poner su cargo a disposición del partido con la seguridad de que será aceptada.
También desde el Ejecutivo, aunque «a título personal», hay voces que plantean un debate en este sentido. Es el caso del portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch. Mabel Cabrer, portavoz parlamentaria, apoya esta idea aunque afirma que, personalmente, renunciará a su escaño si resulta imputada por la ‘operación Mupi', una variante balear del ‘caso Gürtel'.
No irá al pleno
«El Comité de Dirección del partido tiene que abordar este asunto y me consta que van a surgir propuestas en este sentido», explicaba ayer un alto cargo partidario de profundizar en este debate.
Desde hace una semana se daba por hecho que, mañana lunes, se iba a reunir el Comité de Dirección (equivalente a la Ejecutiva) del PP balear. No será así: «El president está fuera, tiene que viajar a Londres para la feria de turismo y antes viaja a Venecia», explicaron. De hecho, no podrá asistir al pleno del Parlament del martes. El PSIB ha presentado una pregunta sobre la investigación judicial de la ‘operación Mupi'.
«Nosotros tenemos un código interno que nos deja indefensos ya que no todas las imputaciones son iguales. Está claro que hay imputaciones que son evidentes, pero no todas son iguales. Una imputación sólo es una manera de poderte defender con más garantías, pero con esa norma nos convertimos en apestados». Esa es la opinión de un cargo de mucha relevancia que , asegura, defenderá ante la dirección.
Mabel Cabrer no quiere añadir nada nuevo a lo que declaró hace una semana. Rafael Bosch se remite a los dicho por el president. Afirmó la semana pasada en un foro del diario ‘La Razón', en Madrid, que la norma se aplicará de forma rigurosa.
«En el partido cunde el desánimo; una cosa es desmarcarnos del pasado de Matas pero otra muy distinta es que muchas personas que sólo se dedicaban a gestionar hayan sido anuladas políticamente sin haber hecho nada ilegal», expresan fuentes próximas a Rafael Torres, alcalde de Inca ya imputado
La trama balear de Gürtel ha provocado al caída de José María Rodríguez (dimitió como delegado del Gobierno antes de ser imputado) y, tras u imputación, la de Antoni Juaneda, delegado insular en Menorca.
Pues pere cuando tu presentes una denuncia con alguna prueba indiciaria de delito, ya veremos como acaba la del Ayuntamiento de Palma, y por descontado que si hay datos para imputarla hay que hacerlo exactamente igual con Armengol que con las cinco docenas de peperos y la cuenta sigue subiendo.