El Grup d'Estudis de la Naturalesa, GEN-GOB, ha mostrado su «indignación» por la decisión del Govern de devolver al Obispado de Eivissa el Centro de Visitantes del Parque Natural de Ses Salines, ubicado en la parroquia de Sant Francesc. Los ecologistas, en un comunicado, han lamentado que las obras estén acabadas y la instalación, lista para abrir.
Según la formación, esta decisión «demuestra, una vez más, el menosprecio del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, a todo lo que significa la conservación del entorno y su total renuncia a cumplir con sus obligaciones como conseller».
Los ecologistas han destacado que el Centro «ha sido el resultado de los esfuerzos de las administraciones para poder habilitar esta iglesia como un recinto para recibir a los visitantes del Parque Natural y exponer la importancia del lugar».
Así, han recordado que «tras más de 15 años de negociaciones y trabajo, se habían finalizado las labores de rehabilitación, que se pagaron con el dinero recaudado con la ecotasa».
El GEN-GOB ha insistido en que «el único dinero que debería pagar el Govern sería el salario de una persona que atendiera a los visitantes» y ha instado al Ejecutivo a «prescindir de los gastos innecesarios que ahora tiene y pagar esta cantidad, que redundaría en una mejora sustancial del Parque, totalmente abandonado por parte de la Administración».
Este grupo ha insistido en que el futuro del edificio será su abandono y deterioro progresivo y ha dicho que el dinero invertido allí no ha servido para nada «excepto para demostrar la inoperancia de un conseller que dedica su tiempo a luchar contra el medio ambiente».
«Biel Company sólo tiene una salida digna, que es la dimisión inmediata para evitar que siga insultando a la inteligencia de los administrados. Company se ha convertido ya en el peor conseller de Medio Ambiente de la historia de la Comunidad, porque une su acreditada incapacidad con un talante despectivo y arrogante», han lamentado desde el GEN-GOB.
Por último, han instado a las instituciones ibicencas, como el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep, a presionar a la Conselleria para evitar «esta injusticia».