Un primer informe encargado a un experto en transportes de la Universidad Politécnica de Madrid sobre el cumplimiento técnico y legal de la estación, un segundo estudio sobre las tarifas de explotación que concluye que la concesión a la empresa Sagalés podría ser nula de pleno derecho y que provoca un tercer informe para determinar si existe o no esa nulidad y, sobre todo, cómo tiene que actuar el Ayuntamiento de Eivissa en cada caso. Así termina el Consistorio este 2012 en lo que respecta a la estación de autobuses del edificio Cetis. Una instalación que lleva terminada más de un año y medio, y que todavía no se ha puesto en funcionamiento.
Desde que inició su mandato en el Ayuntamiento de Eivissa, la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui no solo ha encargado estos tres informes a asesores externos con una media de gasto de 20.000 euros por cada uno. También ha pedido estudios a los servicios técnicos, económicos y jurídicos municipales, sin lograr que la estación vea la luz.
Sobre el último informe, la alcaldesa explicó que ya existe un borrador, pero que el dictamen definitivo aún se desconoce.
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