La Dirección General de Coordinación del Govern «no tiene constancia de que se hayan presentado propuestas de convenios» con el Ejecutivo central acogiéndose a lo que establece el Estatut d'Autoonomia, que permite disponer de una anualidad de 400 millones de euros.
Esta fue la respuesta que recibió el PSIB del Ejecutivo cuando reclamó del Govern «copia de todas las propuestas» que habían enviado el Ejecutivo desde las elecciones de 2011. Esta respuesta, llevó la polémica al Parlament y protagonizó uno de los enfrentamientos dialécticos de la sesión de ayer, el que protagonizaron el portavoz socialista adjunto Vicenç Thomás y el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló.
Lo que pretendía el PSIB al preguntar al vicepresidente Aguiló qué convenios había suscrito (sabía que ninguno, ya que, previamente, había solicitado que le enviaran las copias) era reprochar al Govern que mientras creaba nuevos impuestos y subía las tasas no recurriera a esa fórmula recogida en el Estatut.
Aguiló optó, primero, por evitar la respuesta directa. Dijo que, al llegar al Ejecutivo, tuvieron que dedicarse a «poner orden en el caos» que dejó el Pacte. Thomás echó mano de la respuesta escrita: «Yo se lo diré: cero proyectos». Y, a continuación, expresó su convencimiento de que el Ejecutivo de Bauzá actuaba así para «no molestar al Gobierno de Madrid». Por la tarde, en comisión, el PP sí aceptó apoyar una propuesta socialista instando al El Objeto es situar a Balears en la media de otras comundiades.
La Cámara, por unanimidad, aprobó una declaración institucional pactada contra los desahucios y en la que se abogaba por la propuesta contenida en una propuesta de iniciativa legislativa popular: la dación pago. Es decir, que la entrega de la casa salde la deuda.