El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el resto de consellers de Gent per Formentera (GxF) imputados en el caso Punta Prima por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia, comparecieron ayer ante el juez Santiago Pinsach aunque se acogieron a su derecho a no declarar.
Junto a Ferrer, acudieron al Juzgado de Eivissa Sònia Cardona, Bartomeu Escandell y Sílvia Tur. Sólo faltó el exconseller Josep Mayans porque está fuera de la Isla, pero podrá comparecer en los próximos meses.
Según explicó Bartomeu Escandell, todos los consellers se negaron a declarar porque no tienen «nada que decir a gente que intenta especular con el territorio de la Isla, el cual nosotros, por el interés general, tenemos que defender», aseguró.
Los imputados responden así a una querella criminal interpuesta por la propiedad del centro de vacaciones de Punta Prima, Sunway S.L, que entiende que con la aprobación de las nuevas Normas Subsidiarias, en septiembre de 2010, se lesionan sus derechos ya que se limita la edificabilidad del establecimiento hotelero de 300 plazas proyectado en Punta Prima y le impide ejecutar la segunda fase de su construcción. La empresa exige 27 millones de euros de indemnización porque cuenta con una sentencias del Tribunal Supremo que reconoce que sus terrenos son urbanos.
Sin embargo, para Escandell y el resto de consellers, «las cosas están muy claras». «Las normas las aprueba el órgano representativo del pueblo, el Consell en este caso, y estuvieron refrendadas por la mayoría de la población en mayo de 2011, siete meses después de aprobarlas. Nosotros no defendemos las expectativas de los especuladores, defendemos el interés general de la Isla», añadió.
Escandell insistió en que la normativa «sigue la recomendación de la Comissió balear de Medi Ambient, que advertía de que tenemos que ser cautelosos en este tema». «Hemos defendido el patrimonio natural de la Isla siguiendo las directrices de la comisión, gobernada por el PP en ese momento. El pueblo de Formentera es soberano, no se rinde a intereses particulares. Defendemos el interés general y sobre todo el futuro de nuestros hijos», concluyó el conseller.
El caso sigue en la fase de instrucción, y continuará con la declaración del denunciante Leo Stöber, administrador de Sunway SL.