Las expropiaciones del barrio de sa Penya culminaron ayer con al menos 15 viviendas que no pudieron pasar a manos del Ayuntamiento de Eivissa tras el pago y la firma del acta de ocupación de sus propietarios ante la negativa de abandonar las viviendas por parte de quienes las habitaban. «Hemos llegado al final de la agenda prevista según marcaba el plan general y el balance es positivo, pero tal y como pensábamos hemos encontrado de todo; desde viviendas vacías, otras en que directamente no nos han abierto y, por tanto, no hemos podido notificar y otras en las que las personas que ocupaban la vivienda se negaban en rotundo a firmar y, por tanto, a salir. Calculamos que se trata de una tercera parte, que serían alrededor de 15 familias que se han negado a salir o bien no nos han atendido», explicó el concejal e Urbanismo de Vila, Alejandro Marí.
La semana que viene revisarán todos los expedientes y darán las cifras definitivas. Ante la negativa de estas familias okupas a salir voluntariamente, el Ayuntamiento inicia un expediente administrativo que «en última instancia» culminaría en un desahucio por la vía judicial. «Este equipo de gobierno no tiene ningún interés en tener que recurrir a la justicia. Lo que abrimos ahora es un proceso paralelo en los servicios sociales para mediar y evitar llegar a este extremo y para cada una de las familias buscarle una solución adecuada a su realidad familiar porque nos hemos encontrado casos en que nos dicen que han encontrado alquileres de 1.200 euros cuando no tienen ingresos ni ninguna nómina. Tenemos que buscar viviendas que puedan pagar y mantener», precisó Marí.
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Madre mía, pues sí que es fácil reirse del Ayuntamiento.