El equipo de Gobierno de Sant Antoni aprobó ayer finalmente la ordenanza de ruidos y vibraciones sin aceptar ninguna de las alegaciones de la Asociación de Empresarios del West End, que entre otras cosas pedían la retirada de este documento debido «a la ausencia del correspondiente análisis técnico y jurídico para poder tramitar la citada ordenanza» y argumentaban, además, que el municipio aún no dispone de un mapa de ruidos sobre el que aplicar esta nueva ordenanza.
«Presentaron muchas alegaciones y no se ha aceptado ninguna porque cuando profundizas en sus peticiones muchas veces no tienen ni pies ni cabeza en general. Es un sector con mucho peso en el municipio y es normal que en cada modificación legislativa quieran hacer sus apreciaciones. Con esta modificación de la ordenanza estamos cumpliendo con la ley que nos obliga antes del 30 de junio a tenerla aprobada», explicó Xicu Cardona, concejal de Gobernación de Sant Antoni.
Entre las principales novedades de este documento destacan medidas cautelares, como el precintado de equipos o la clausura temporal de las instalaciones. Las multas que prevé van de los 750 euros hasta los 3.000 euros. Además, contempla una tasa de 150 euros por sonometría, que no se cobrará en caso de quejas vecinales. Tras conocer que no se aceptó ninguna de las alegaciones presentadas, la Asociación de Empresarios del West End afirmó que se tienen que reunir para valorar «cuál es el siguiente paso que daremos», explicó Pep Colomar, quien señaló que este encuentro entre empresarios se producirá tras conocer cómo queda la ordenanza de horarios. Sobre ésta, el concejal Xicu Cardona comentó que están estudiándola y no se sabe si ampliará horarios o no (como ha hecho Sant Josep en el caso de los beach clubs).