Revolución con incógnitas. La Ley de Planta y Demarcación que prepara el Ministerio de Justicia plantea un cambio radical en la Administración. El efecto más inmediato es que se eliminan los actuales partidos judiciales. Así, desaparecerán los juzgados en Eivissa, Maó, Ciutadella, Inca y Manacor. El otro organismo que se suprime es la Audiencia Provincial cuyas competencias se repartirán y en gran parte terminarán en el Tribunal Superior de Justicia que multiplica sus atribuciones.
El presidente de la Audiencia, Carlos Gómez, señala que el proyecto no incluye ningún tipo de mención ni de medida frente a la insularidad. En algunos territorios, como Canarias, Andalucía o Castilla y León sí se plantea la división en varias sedes del Tribunal Superior. Donde esa división no existe no hay ningún planteamiento.
El proyecto del ministro Gallardón dibuja un sistema judicial con dos patas. Por un lado habrá unos tribunales de instancia con distintas secciones de lo Civil, Penal, Contencioso y Social. Por encima sólo estará el Tribunal Superior de Justicia cuya actividad será la de resolver las apelaciones a las decisiones de los jueces de instancia. Los asuntos que ahora se juzgan en las secciones penales de la Audiencia pasarán a ese tribunal de instancia donde también actuarán jueces de forma colegiada.