La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realizó el año pasado 587.815 actuaciones, un 0,5% más de lo previsto, destacando particularmente el número de intervenciones relacionadas con fraude a la Seguridad Social, economía irregular y trabajo de los extranjeros. En Baleares atendió 12.428 expedientes nacionales y 1.181 extranjeros.
Así consta en el Informa sobre el Funcionamiento de los Servicios Públicos Estatales y su Evaluación Global 2012, publicado por el Ministerio de Hacienda y al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se recuerda que el año pasado fue el primero en el que el Gobierno vasco ya tenía transferidas funciones, servicios y medios personales de este ámbito, como también sucede con Cataluña.
En concreto, las inspecciones relacionadas con la Seguridad Social (inscripciones, afiliación, alta o prestaciones, entre otras) fueron 136.707, un 8,6% más de las 125.829 que estaban previstas. La mayor parte estaban relacionadas con las cotizaciones y la recaudación.
Por su parte, la actuación de la ITSS sobre empleo sumergido y trabajo a extranjeros provocó 220.245 inspecciones de las 240.011 programadas, lo que supone un grado de ejecución del 91,8%. No obstante, las intervenciones por empleo en negro sumaron 194.403 expedientes, un 12,7% más de lo previsto.
Con respecto a las inspecciones sobre contratación, condiciones de trabajo, igualdad entre hombres y mujeres o uso de las ayudas al fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social se iniciaron 98.805 expedientes, un 17% más de lo programado; mientras que la prevención de riesgos laborales dio lugar a 111.516 inspecciones, el 95,6% de lo previsto.
FONDO DE GARANTIA SALARIAL
En lo que se refiere al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que se dedica a abonar salarios e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas estén en situación de insolvencia o concurso, el Ministerio de Hacienda precisa que ha atendido las solicitudes de 254.931 trabajadores de 84.257 compañías por un importe total de 1.530,44 millones de euros, de los cuales casi 502 millones se derivaban de nóminas impagadas y los restantes 1.028,11 millones, a indemnizaciones.
Por provincias, las más afectadas fueron Barcelona, con 277,55 millones abonados por el FOGASA a 38.135 empleados de 11.230 empresas; Madrid, con 149,2 millones de euros a repartir entre 19.924 trabajadores de 5.812 compañías; y Valencia, con 71,94 millones para pagar nóminas e indemnizaciones de 11.803 trabajadores de 4.126 empresas.
PENSIONES A NACIONALES Y EXTRANJEROS
Por lo que se refiere a la gestión de pensiones por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el año pasado se resolvieron 622.367 expedientes de prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia a ciudadanos españoles y otros 72.401 a extranjeros. En total, 694.768 casos resueltos.
Por comunidades autónomas, el INSS atendió 100.890 expedientes nacionales y 13.204 extranjeros en Andalucía, 20.064 nacionales y 1.215 extranjeros en Aragón, 18.621 nacionales y 1.662 extranjeros en Asturias, 12.428 nacionales y 1.181 extranjeros en Baleares, 21.490 nacionales y 2.191 extranjeros en Canarias, 9.069 nacionales y 564 extranjeros en Cantabria, 35.718 nacionales y 4.364 extranjeros en Castilla-La Mancha, y 25.033 nacionales y 1.954 extranjeros en Castilla y León.
Además, en Cataluña hubo 117.683 expedientes nacionales y 6.754 extranjeros, en la Comunidad Valenciana, 14.751 nacionales y 1.626 extranjeros; en Extremadura, 37.487 nacionales y 14.349 extranjeros; en Galicia, 77.034 nacionales y 6.161 extranjeros; en la Comunidad de Madrid, 16.431 nacionales y 3.369 extranjeros; y en la Región de Murcia, 9.072 nacionales y 819 extranjeros.
Finalmente, se resolvieron 4.609 expedientes nacionales y 216 extranjeros en Navarra, 64.258 nacionales y 11.114 extranjeros en el País Vasco, 36.646 nacionales y 1.621 extranjeros en La Rioja, 573 nacionales y 22 extranjeros en Ceuta, y 510 nacionales y 33 extranjeros en Melilla.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
El informe de Hacienda también recoge información sobre el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que a lo largo de 2012 experimentó una «mejora» en sus servicios relacionados con las prestaciones por desempleo, al haber reducido a 2,15 días el tiempo de reconocimiento de las mismas, cuando en el año 2007 se tardaban 8,8 días.
Y todo «a pesar del incremento en el número de expedientes tramitados», alega el Ministerio, precisando que el año pasado se cerraron 11,38 millones de casos frente a los 4,5 millones de hace seis ejercicios. En total, el año pasado se gestionaron las prestaciones de casi tres millones de personas, entre las de nivel contributivo (1,38 millones), los subsidios (1,18 millones), los eventuales agrarios (140.202), la Renta Activa de Inserción (233.774) y el PRODI (1.059).
Además, el Gobierno destaca la «evolución positiva de la tasa de cobertura de las prestaciones», citando el incremento desde el 58,1% de 2001 al 65,8% con que cerró el pasado año, aunque sin mencionar que en ese periodo llegó a alcanzar un máximo del 78,44% en 2010 y que entre enero y junio de 2013 se ha reducido hasta el 62,08% según datos de Empleo.