La Plataforma por la Convivencia, colectivo que representa a los inmigrantes, interpondrá una queja ante la Defensora del Pueblo por la denegación de nacionalidades. Según los datos del colectivo, sólo en los meses de mayo y junio se han denegado más de un centenar de nacionalidades de peticiones realizadas en los años 2008 y 2009.
Desde la Plataforma aseguran que el Registro Civil de Eivissa actúa con arbitrariedad. «Están siendo muy arbitrarios en denegar porque no vemos ningún fundamento. No es objetivo. Los únicos motivos que dan es por falta de integración y que tienen caducado el certificado de penales», denunció ayer la portavoz de la Plataforma por la Convivencia, Alda Yurramendi, que expresó su «preocupación» por lo que está pasando. Asegura que se utiliza las mismas plantillas en el documento en el que se deniegan las nacionalidad y «solo cambian los nombres de las personas».
El certificado de penales, con una caducidad de tres meses, es un documento que acredita que no tiene antecedentes penales en su país de origen. «Los penales tardan un mes y medio en llegar a Eivissa si llegan en correo normal y cuando se entrega no puede estar caducado porque revisan toda la documentación y si está caducado no lo reciben. Quizás va pasando el tiempo y lo van dejando en el cajón y cuando llega a Madrid está caducado», relató Yurramendi. Entre cuatro o cinco años es el tiempo que, según la Plataforma, se tarda en dar contestación a la petición de nacionalidad. Además, aseguran que para la primera cita del expediente «llaman después de un año y está todo caducado», apunta Karima Chergui, de la Asociación Assalam de Mujeres Marroquíes.